martes, 19 marzo 2024

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Anticorrupción lanza nuevos registros en el caso Azud, que salpica en Valencia a PSOE y PP

La UCO se incauta de documentación en empresas implicadas en la causa de Azud, como la sede de Acciona, en una operación bajo secreto de sumario.

La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado este martes nuevos registros policiales vinculados al caso Azud, la causa de presunta corrupción que salpica a exdirigentes del Partido Popular y del PSOE valenciano. La operación ha sido ejecutada por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

La UCO han realizado esta mañana varios registros simultáneos en Madrid, Valencia, Castellón y Alicante. Las pesquisas permanecen por ahora secretas, dentro de la parte de la investigación que sigue bajo reserva en el sumario.

El caso se inició en 2017 a raíz de la investigación al bufete de abogados de José María Corbín, casado con la hermana de la exalcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá, por el presunto cobro de mordidas a empresarios contratistas del Ayuntamiento valenciano durante la etapa del Partido Popular.

Entre los investigados está el exvicealcalde Alfonso Grau. Entre las empresas y empresarios bajo sospecha figuran el grupo Cleop, Ocide, Acciona Infraestructuras o la familia Montoro.

El pasado mes de julio diferentes funcionarios comparecieron en el juzgado de Instrucción 13 de Valencia, en una ronda de declaraciones relacionadas con la adjudicación a Acciona de un contrato de 125 millones de euros, más el mantenimiento, del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Las indagaciones condujeron al constructor Jaime Febrer, quien recurrió al exabogado socialista, José Luis Vera, para obtener presuntos favores en consistorios gobernados por los socialistas, según los investigadores.

El caso le costó el puesto al exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, también investigado junto al que fue secretario de finanzas del PSPV-PSOE hasta 2003, José Cataluña. Una de las empresas, el grupo Gigante, cubrió gastos de campaña de los socialistas valencianos en 2007, según los informes de la UCO.

En total hay más de sesenta imputados. Se investigan delitos de cohecho, prevaricación, malversación o tráfico de influencias.

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