El Tribunal Superor de Justicia de la Comunitat València (TSJCV) deberá suspender la sentencia que anulaba la recalificación de dos pastillas de suelo en el barrio de Penyaroja, propiedad del Ayuntamiento, al no haber informado del proceso a una de las partes implicadas, la Conselleria de Territorio.
Dicha sentencia anulaba una operación con la que el Gobierno municipal entregaba suelo municipal a la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) para “compensarle” por la deuda que el consistorio mantiene con la empresa desde que el Tribunal Supremo anuló “la operación Tabacalera”, impulsada durante el gobierno del PP.
Según fuentes de las filas socialistas, la recalificación de las dos parcelas se trataba de una actuación dirigida a evitar “el perjuicio económico” para los valencianos y valencianas derivado de tener que pagar entre 23 y 25 millones de euros a una constructora por “el fiasco de una operación llevada a cabo por el Partido Popular”.
El fallo del TSJCV anulaba este “intento de evitar el perjuicio económico”, pero este mismo fallo ha quedado anulado porque la sala no ha citado a la conselleria de Territorio, a pesar de ser parte implicada. Por este motivo, la sentencia es nula “por indefensión y tendrá que repetirse el proceso judicial“.
La vicealcaldesa y responsable de urbanismo, Sandra Gómez, ha vuelto a exigir al Partido Popular que “pida perdón” por lo que ha calificado “un pelotazo urbanístico que está perjudicando gravemente a los valencianos y las valencianas”.
Ha recordado que “el Ayuntamiento trabaja para hacer frente en la menor medida posible de la deuda que generó el PP de Rita Barberá”. Así, ha lamentado la “poca vergüenza y la deslealtad con la que el PP ha actuado todo este tiempo, a pesar de que por su irresponsabilidad estamos en esta situación”.
El PP lamenta el “error judicial”
El Grupo Municipal Popular ha anunciado hoy que presentará una moción al pleno de la semana próxima para exigir que se paralice definitivamente el “pelotazo urbanístico” que asegura quería realizar el Ayuntamiento de València en el barrio de Penyaroja situado junto a la avenida de Francia.
El PP lamenta el “error judicial” por el que deberá repetirse el proceso judicial que ha asegurado “han ganado los vecinos y que espera que siga siendo favorable el próximo auto a los vecinos de Penyaroja, ya que la razón les ampara”.
El PP propondrá al pleno “devolver las calificaciones de suelo a las que previa el PGOU. Al mismo tiempo el PP pide que se inicien trámites (instar a la Generalitat) para aprobar nuevo centro de salud (pastilla calle Penyaroja), así como las zonas verdes que le correponden. Catalá también ha pedido más actuaciones para este barrio y los populares denuncia que “en el presupuesto de 2022 el Gobierno de Ribó y PSOE destina cero euros al barrio de Penyaroja”.
Catalá ha recordado que la actuación urbanística anulada en la sentencia del TSJ es un “auténtico pelotazo urbanístico”, aunque se tenga que repetir el proceso por un error formal “este primer fallo dice que la recalificación ilegal es enteramente del gobierno de Compromís y PSOE. La sentencia del 2006 en absoluto obligaba a eso. Lo advertimos en varios plenos y, por eso, el PP ha votado siempre en contra”.
Desde el PP “no entedemos cómo el gobierno de Ribó no ofreció a la constructora unos solares con calificación para hacer viviendas, y en cambio apostó por recalificar suelos previstos para dotaciones públicas suponiendo un grave perjuicio para los vecinos del barrio. Fue una irresponsabilidad que Ribó y el PSOE no firmara un convenio previo con la constructora (Guadalmedina) donde se aceptara los términos de la permuta”.
