El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, ha defendido en Les Corts la aprobación del Decreto Ley 19/2022 “con el que queremos prorrogar la vigencia de la reducción temporal del 10 % del importe de las tasas y precios públicos de la Generalitat hasta el 31 de agosto de 2023 a la vez que ampliamos la suspensión del pago del canon de saneamiento para las familias valencianas hasta el 31 de julio de 2023 con el objetivo de ayudar a las familias y empresas valencianas a hacer frente a la subida de precios y al coste energético”.
De esta forma, el responsable de Hacienda ha apuntado que con esta norma “buscamos prorrogar medidas que se han demostrado eficaces, que benefician a la inmensa mayoría de ciudadanos y que nacieron con la vocación de ayudar frente a los efectos de la guerra de Ucrania y de la inflación, dos escenarios que todavía hoy siguen afectando a nuestro día a día”.
Por ello, ha apuntado el responsable de Hacienda, “es fundamental que respaldemos la prolongación durante ocho meses más de unas medidas que ayudarán a mitigar las facturas de los valencianos y valencianas”.
En este sentido, Arcadi España ha señalado que las familias valencianas “continúan viviendo situaciones complicadas a causa de la inflación y por ello tenemos que continuar haciendo esfuerzos para reducir los precios, reducir al máximo la pérdida de su capacidad adquisitiva y garantizar la defensa de sus derechos y el acceso a todos los servicios públicos”.
Medidas contra la despoblación
Del mismo modo, el conseller de Hacienda también a defendido la inclusión en la Ley 13/1997 de la Generalitat por la que se regula el tramo autonómico del IRPF la inclusión de nuevas deducciones fiscales “que nos permitirán seguir avanzando en la lucha contra la despoblación de los municipios de la Comunitat, a través de medidas específicas de apoyo a la actividad económica de estas localidades y mayores facilidades en la adquisición de vivienda”.
Así, Arcadi España ha indicado que se “crean dos nuevos incentivos fiscales para atraer y mantener negocios y empresas, así como para proteger núcleos históricos y enclaves con una importante representación de la arquitectura tradicional”.
En concreto, las empresas que adquieran inmuebles para destinarlos a ser sede social o centro de trabajo den municipios en riesgo de despoblación verán reducido el tipo impositivo correspondiente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10 % general al tipo super reducido del 4 %.
Además, contarán con una bonificación del 30 % sobre la cuota de Actos Jurídicos Documentados, en el supuesto de que fueron realizadas entre empresarios o profesionales y estuvieron sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Para poder acceder a estas deducciones las empresas tendrán que conservar en estos municipios su sede social o centro de trabajo durante al menos un periodo de tres años y contar con al menos un trabajador a jornada completa durante este mismo periodo.
Por último, con el objetivo de fijar población en estos municipios y fomentar la rehabilitación de viviendas, los particulares que adquieran viviendas, ya sean para primera o segunda residencia o para destinarla a alquiler turístico, tendrán una bonificación del 50 % en la cuota correspondiente de Transmisiones Patrimoniales, siempre que los acondiciones y rehabiliten para garantizar la protección de los núcleos históricos y la arquitectura tradicional.
