El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València ha decretado el sobreseimiento y el archivo de las diligencias contra el director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, por las ayudas públicas concedidas a Francis Puig, hermano del president, Ximo Puig.
Según el auto, y contra el que cabe recurso de reforma o de apelación, continuar la instrucción contra Trenzano como investigado “sería tanto” como aplicarle “la pena de banquillo“, pues el juez considera que “no hay indicio alguno” de los delitos que le atribuía la querella presentada por el PP.
La defensa de Trenzano había solicitado el archivo de la causa contra él después de que el juez diera por concluida la fase de instrucción y entre las diligencias acordadas no figurara la declaración como investigado de Trenzano, que solicitó la acusación popular y fue rechazada en un autor en junio de 2022, y que ya no es posible acordar al haber acabado la instrucción.
La causa se inició por una querella que interpuso el PP por presuntos delitos contra la hacienda pública, prevaricación y malversación de caudales públicos contra Francis Puig, director ejecutivo y consejero delegado de Comunicació dels Ports y administrador de Mas Mut Produccions, y contra Rubén Trenzano como director general de Política Lingüística.
A Trenzano se le imputaba la ausencia de acreditación de cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de una subvención a esas empresas en una querella que posteriormente se amplió para incluir a Enrique Juan Adell Bover, como presunto autor de un delito contra la hacienda pública y un delito de malversación de caudales como administrador de Canal Maestrat y Kriol Producciones, tras lo que en enero de 2020 se pidió un informe a la policía judicial.
A raíz de ese informe, se acordó en marzo de 2022 que declararan como investigados Francis Puig y Rubén Trenzano, si bien no se llegó a citar al director general para la declaración, por lo que una vez que no se ha prorrogado la instrucción el juez considera que ya no cabe en este momento acordar esa declaración, a diferencia de lo que opina el fiscal, que se había opuesto al archivo.
Además, señala que, aunque la querella le atribuía un presunto delito de prevaricación o de tráfico de influencias, las diligencias practicadas “no aportaron indicios suficientes” para recibir declaración como investigado de Trenzano, mientras que sí se hizo con Francis Puig y Adell Bover y las diligencias pendientes están encaminadas a determinar si hubo delito de fraude de subvenciones o posible falsedad documental en ambos.
Se trata de delitos en los que “ninguna participación tendría” Trenzano, pues la querella se dirigió contra él en calidad de director de Política Lingüística por una presunta ausencia de control en su concesión, de los que “no hay indicio alguno“, afirma el auto fechado el 10 de mayo.
