Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de València con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, se sentará este lunes en el banquillo de los acusados, junto a otras 14 personas acusadas en el marco del ‘caso Alquería’ por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, cuatro años después de su detención.
En este sentido, la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga la contratación presuntamente irregular en el año 2015 de altos directivos en la empresa pública dependiente de la Diputación de València, Divalterra — ahora ya cerrada y anteriormente conocida como Imelsa — con el objetivo de incorporar personas afines a los partidos gobernantes en la corporación provincial, PSPV-PSOE y Compromís.
La supuesta malversación de fondos públicos ha sido cifrada en 1,2 millones de euros. Así pues, la Fiscalía solicita para el principal acusado, el alcalde de Ontinyent, ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.
A la misma pena se enfrentan los dos exgerentes de Divalterra, Agustina Brines (gerente por Compromís), y José Ramón Tiller (gerente por el PSPV), así como los dos asesores de Rodriguez en la Diputación, el jefe de gabinete de la institución provincial, Ricard Gallego, y el asesor Manuel Reguart.
En total la Audiencia Provincial de València ha señalado 29 sesiones para este juicio, que tendrá una duración aproximada de tres meses, desde septiembre a noviembre, en la que los magistrados decidirán si los contratos de la empresa pública de la Diputación de València son irregulares o no.
