Arranca el juicio del Caso Taula por los ‘zombies’ de Imelsa y Ciegsa

Comienza en València el juicio del caso Taulada per los ‘zombies’ la presunta contratación irregular en empresas públicas de personas vinculada al PP que cobraban un sueldo sin ir a trabajar

La Audiencia Provincial de Valencia comienza este lunes el juicio de las dos piezas del Caso Taula relacionadas con los empleados ‘zombies’ de las empresa públicas Imelsa (de la Diputación De Valencia) y Ciegsa (la empresa de la Generalitat para la construcción de colegios).

En el juicio acudirán como acusados 26 personas, entre las que figuran antiguos cargos públicos como el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, varios diputados provinciales, alcaldes y concejales, el ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla o el exgerente de Imelsa Marcos Benavent (el autodenominado ‘Yonqui del dinero’).

Para ellos la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 12 años de prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.

Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, como principal acusado. Se está a la espera de la sentencia.

En las piezas que se van a juzgar ahora, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio, también investigado en el conocido como caso Azud, a otros seis, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal.

Fiscalía atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

Asimismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.

Para el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación. A Marcos Benavent, el ministerio público le aplica la circunstancia atenuante de arrepentimiento y solicita para él nueve años y medio de prisión.

Alfonso Rus es el único que declarará este lunes según el calendario, el juicio se prolongará hasta el 15 de marzo.

CatalàEspañol