Sanciones de hasta 3.000 euros para los puteros. Eso es lo que propone la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a través del modelo de ordenanza municipal abolicionista con el objetivo de erradicar la prostitución. El nuevo modelo ha sido presentado este jueves por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, junto al alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, así como alcaldes y concejales de diferentes municipios.
Y es que según los estudios científicos elaborados por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, se estima que en el territorio valenciano hay alrededor de 13.000 mujeres prostituidas, 164 establecimientos identificados como lugares de prostitución y más de 52.000 anuncios en Internet que ofrecen estos servicios. Es por ello, que desde el departamento que dirige Bravo se quiere superar la regulación de la ordenanza de la convivencia ciudadana desde el enfoque del civismo y el orden público porque aseguran que “vulnera los derechos fundamentales y libertades” de las mujeres, y invitar aplicar este nuevo modelo.
Esta nueva norma, que deberá aprobar cada consistorio, prohibe la demanda de prostitución que considera como infracción grave y la sanciona con multas de hasta 1.500 euros, aunque esta cantidad aumenta hasta los 3.000 euros en el caso de que “la demanda” se produzca a escasos 200 metros de un centro educativo, en lugares con público infantil o actos festivos y deportivos. Además, añade sanciones a quienes colaboren con los demandantes de sexo, es decir, proxenetas o personas que alerten de la presencia de las autoridades.
Del mismo modo, esta ordenanza abolicionista, por primera vez no sancionará en ningún caso a las personas prostituidas, como si que lo recogen otras como la de Alicante, conocida como “de la vergüenza”, o la de València del año 2013, que contempla posibles sanciones, aunque según fuentes municipales nunca las haya ejecutado. Este “instrumento” también reconocerá a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, y en este sentido, propone la aprobación de un plan municipal de acción integral para ayudar que estas mujeres puedan acceder a servicios y recursos para salir de la prostitución.
También prohíbe la publicidad que promueva el consumo de prostitución, que considera como infracción leve, y la sanciona con multas de hasta 750 euros. En este caso, será responsable tanto quien ejecute materialmente el acto de publicidad (como repartir folletos) como el anunciante.
Según Bravo, “somos la primera comunidad autónoma en poner a disposición de los municipios un modelo de ordenanza abolicionista, lo que nos convierte en una referencia para otros territorios comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres, así como con la erradicación de toda forma de violencia de género, incluida la compra del cuerpo de las mujeres”.
Albal y Quart de Poblet, pioneros
Albal fue la primera localidad valenciana en sancionar, y en dos ocasiones, a los consumidores de prostitución con multas de 800 euros. Hace cinco días Quart de Poblet se unió a esta iniciativa y también adopto medidas sancionadoras contra un putero, aunque con una cantidad superior de 3.000 euros al recibir servicios sexuales en la vía pública.
A estos municipio le seguirá la Mislata, tal y como ha anunciado su alcalde este jueves en la presentación de la ordenanza. Bielsa ha señalado que su localidad será una de las primeras en aprobar esta ordenanza abolicionista siguiendo su compromiso por erradicar la violencia de género y con la igualdad. A la que al parecer le seguirán varias localidades, mucha de ellas socialistas, ya que en el acto la consellera ha estado respaldada por varios alcaldes y alcaldesas, como el de Sagunto, Massamagrell, Xirivella o Cullera.
Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aarón Cano, que también estaba en el acto de este jueves, ha explicado que la capital de Túria también tiene intención de actualizar la ordenanza, ya que la actual es de 2013 y contempla sanciones para las mujeres por aceptar o negociar servicios sexuales. Para ello ha avanzado que se está organizando un foro para la abolición de la prostitución que se celebrará en el mes de junio con la participación de varias expertas.
Ordenanza de la “vergüenza”
Por otra parte, Bravo ha puesto en valor que esta nueva ordenanza frente a la aprobada hace unos meses por el Ayuntamiento de Alicante, conocida como de la “vergüenza” que asegura “es una cruz llena de sombras” y que es un sistema que “excluye, criminaliza y deja desatendidas a las mujeres, sin reparar que es un sistema desigual e injusto las que las somete y las priva de una vida digna de derechos”.
La ordenanza alicantina de civismo ha sido muy polémica porque sanciona a las personas sin hogar y a las mujeres en prostitución con multas que van desde los 750 a 3.000 euros. “Pido a los alcaldes y alcaldesas que frente a la ordenanza de la vergüenza aprueben la de la dignidad” ha manifestado Bravo.
En este sentido la consellera ha asegurado que seguirá reclamando al Ejecutivo central una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución. Aunque ha señalado que”desde el Consell del Botànic no vamos a estar de brazos cruzados porque ya hemos puesto en marcha la modificación de la Ley de Espectáculos en la Comunitat Valenciana, que se encuentra actualmente en trámite de audiencia pública, que contempla sanción a establecimientos que permitan, fomenten o publiciten la prostitución.
