La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, sigue con su lucha para abolir la prostitución en la Comunitat Valenciana, una batalla que ha avivado en las últimas semanas a tan solo unos meses de las elecciones autonómicas y municipales y que vuelve a escenificar las diferentes posturas que existen en el seno del Consell, especialmente entre la titular de Justicia y la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, que criticó el pasado viernes la postura “punitiva” de la pata socialista.
Este mismo lunes tras reunirse con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, Bravo ha enviado una misiva a todos los ayuntamientos valencianos para instarles a que apliquen la ordenanza que persigue al prostituidor con multas de hasta 3.000 euros. “La prostitución no es más que humillación, explotación y violencia de género. Y nuestra obligación como poderes públicos es luchar contra la violencia y, sobre todo, proteger a las víctimas”, ha subrayado.
Sin embargo, hasta la fecha solo una decena de ayuntamientos han aprobado esta normativa, los últimos, Paterna o Alcoy, y hay ocho que la tienen en trámite mientras otros 34 han manifestado su intención de hacerlo, es decir, solo medio centenar de corporaciones locales de las 542 corporaciones de la Comunitat Valenciana. En este sentido, Bravo ha destacado la importancia de seguir “sumando fuerzas para conseguir erradicar esta violencia, ya que la prostitución es una cuestión de derechos humanos y de dignidad de las mujeres”.
Plan municipal de acción integral
En dicha carta se recuerda a las corporaciones locales que en febrero 2021 se creó el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución en el que se propuso, entre otras medidas, la elaboración de una ordenanza municipal abolicionista que proteja a mujeres y que sanciona al proxeneta y al demandante y que está disponible en la web de la Conselleria. “Queremos una Comunitat Valenciana libre de prostitución, en todos nuestros municipios, carreteras y locales”, ha asegurado, y ha recordado que, desde el Foro Abolicionista, además de esta ordenanza, se propuso las reformas de la ley de espectáculos y la de carreteras para con este objetivo.
También prevé la aprobación de un plan municipal de acción integral con medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir. Precisamente, la consellera ha avanzado que se creará un grupo de trabajo para elaborar este plan integral de apoyo a las víctimas con medidas en el ámbito sociolaboral, sanitario y habitacional, entre otros, con el objetivo de que estas mujeres “puedan construir un proyecto de vida en el marco de dignidad”.
Mas contra la “ley seca” para la prostitución
Igualmente esta misiva llega tan solo tres días después de las críticas de la portavoz y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, a la propuesta de los socialistas en Les Corts de modificar la legislación de Carreteras y la de Espectáculos para prohibir la prostitución. “Una ley seca para la prostitución solo servirá para esconder un problema que tiene unos componentes sociales muy complejos y que deberán tratarse más allá de una estrategia punitiva” aseguró Mas, que además preciso que “la norma debe procurar no perjudicar a la parte más vulnerable, las víctimas”.
También recordó que es evidente que “no hay una posición única” en el gobierno valenciano y que no es un tema que se aborde en el pacto del Botànic, pero que ya se han implementado políticas que están “funcionando” como la incorporación al mundo laboral de 99 mujeres víctimas de trata, explotación sexual y violencia de género a través de LABORA, o el programa ALBA que ha atendido a más de 2.000 mujeres. “Hablamos de políticas que van a la raíz de ese problema y que suponen medidas reales y efectivas contra esa lucha”.
Así pues, estas declaraciones han vuelto a evidenciar las diferentes posturas en el Botànic y han provocado que los movimientos abolicionistas como la organización Front Abolicionista del País Valencià haya rechazado estas palabras y las políticas de la conselleria de Igualdad por “su erróneo análisis del sistema prostitucional” que aseguran “esconde el problema de la oponión pública y dificultada la comprensión de las dañinas repercusiones que tiene para la convivencia igualitaria de ambos sexos la normalización de la actividad de la prostitución como un ‘servicio sexual’”.
