La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado esta mañana que ha solicitado a la Conselleria de Obras Públicas, que dirige la consellera Rebeca Torró, la modificación de la Ley autonómica de Carreteras de 1991 para poder sancionar con multas de hasta 15.000 euros tanto a los puteros como cualquier tipo de proxenetismo que demanden los servicios sexuales en estas vías de titularidad autonómica.
Así lo ha adelantado este lunes la titular de justicia en el Foro feminista: Propuestas Ordenanza Prostitución’ que ha organizado la concejalía de Protección Ciudadanos, que encabeza el también socialista, Aarón Cano, con el objetivo de incorporar las reflexiones y propuestas de técnicas y académicas sobre este aspecto. A la jornada de inauguración también ha asistido la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, todos ellos dirigentes socialistas.
En concreto solicita la inclusión de un nuevo artículo al final del Título VIII de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohíba “la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”. Además, la propuesta añade que se debe establecer “un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”.
“Queremos que también se sancione al putero y al proxeneta que abusan de las mujeres en las carreteras y queremos espacios libres de prostitución” ha manifestado Bravo, que también ha asegurado que “actuaremos sobre los prostíbulos, en todas las calles a través de las ordenanzas y en las carreteras en coordinación con las administraciones y las fuerzas de seguridad del estado para establecer tolerancia cero con la prostitución“.
Es por ello que esta nueva iniciativa que considerará como infracción grave y que sancionará con multas de entre 3.000 y 15.000 euros la prostitución en las carreteras valencianas, se une a las otras que ha puesto en marcha su departamento como la modificación de la Ley de Espectáculos y el modelo de Ordenanza Abolicionista “para poder establecer una sociedad libre de prostitución” y “acabar con este fenómeno que nos avergüenza”.
De esta forma, la propuesta de la Conselleria de Justicia incluye también la adición al artículo 41 de la ley de Carreteras un nuevo apartado que defina como infracción grave “solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artículo 2. En ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual.”
Durante su intervención, también ha explicado que con esta modificación se pretende proteger a las víctimas de la prostitución porque “ahora mismo para castigar a un proxeneta se deben cumplir varios condicionantes complejos que establece el Código Penal“. “La víctima debe probar su estado de vulnerabilidad, que el proxeneta está abusando su estado de necesidad o la intimidación. Los requisitos son tan complejos que prácticamente no tenemos procedimientos penales” ha manifestado.
Del mismo modo, la dirigente ha manifestado que los procedimientos también son “escasos” en el caso de la trata de personas “viendo la magnitud del problema”. “El tráfico de seres humanos, especialmente de mujeres y niñas es el tercer negocio del mundo y bebe y se nutre de los países pobres. Hay un sistema y un mundo muy potente que esta protegiendo los intereses económicos” ha indicado.
“València, primera ciudad abolicionista”
Por otro lado, este primer Foro sobre la Abolición de la Prostitución de la ciudad del Turia, que se ha celebrado esta mañana en el MuVIM, tiene com objetivo analizar y debatir sobre las herramientas legales con las que cuentan los municipios y las comunidades autónomas para poner fin a la explotación sexual de las mujeres.
En su intervención, la vicealcaldesa ha asegurado que València será “una de las primeras ciudades en aprobar una ordenanza abolicionista y que, por lo tanto, será protectora de las mujeres más vulnerables”, por ello ha apostado por reformar el marco legal para acabar definitivamente con todas las formas de prostitución, ya que “no se puede defender que la prostitución es un trabajo sexual en el que existe un contrato laboral con libertad de empresa y libertad de consentimiento porque “es una forma de aprovecharse de las mujeres pobres, de las vulnerables, de las migrantes”.
“Defendemos una reforma potente del Código Penal que pene todas las caras del proxenetismo”, ha afirmado Gómez, que ha abogado por regular y penar la tercería locativa, es decir, a aquel propietario de un local que permite y consiente que se ejerza la prostitución.
Por su parte, el titular de Protección Ciudadana ha apuntado a que el Ayuntamiento de València va a iniciar el procedimiento administrativo para redactar una Ordenanza de Prostitución que sustituya a la de 2013, como se acordó en el pasado pleno municipal, para “combatir las nuevas formas de prostitución que no son visibles”. En este sentido, Cano ha señalado que no se puede perseguir esta actividad con normativas de los años 80 o 90 porque “la prostitución ya no es callejera y, por tanto, no es visible; no se muestra, pero existe”.
“Hay que analizar cómo se ha de abordar la lucha para erradicar la prostitución que se ejerce en pisos, qué herramientas administrativas tiene un ayuntamiento y su policía local para ello, o qué podemos hacer frente a esos prostíbulos que tienen la apariencia de hoteles”. “Pero no sólo desde un punto de vista policial –ha matizado- sino mediante las ordenanzas de Actividades y de Espacio Público; porque el debate sobre la lucha contra la prostitución y abolición ha de hacerse desde un punto de vista global”, ha indicado.
