La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha propuesto este miércoles un “federalismo judicial” y una mayor cogobernanza y protagonismo de las comunidades autónomas en la toma de decisiones como la creación de las unidades judiciales y en la organización para “aligerar las cargas de trabajo” porque “si las comunidades somos Estado, lo hemos de ser con todas las consecuencias”. “Defiendo un federalismo judicial para el que es necesario la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fije e incremente la participación de las autonomías en la gobernanza de la Justicia”.
Así se ha pronunciado la titular de Justicia en su conferencia en el marco de la Tribuna Mediterránea de Nueva Economía Fórum en la que también ha criticado que las autonomías están “muy limitadas” en la toma de decisiones, pese a “ser las protagonistas del resultado final que tenemos que financiar y la ventanilla visible a la que se dirigen las quejas”. Como ejemplo de esta “paradoja” ha señalado que en la actual huelga de letrados no pueden intervenir para “intentar resolver el conflicto”, pero sí que tendrán que asumir el gasto de los juicios suspendidos.
“La cogobernanza implica una participación activa en el diseño de la planta judicial y la elaboración de las leyes procesales. Todo ello siempre desde el diálogo permanente entre todos los actores y todos los operadores jurídicos” ha manifestado la dirigente socialista, que también ha abogado por abrir el debate sobre “la oportunidad de crear los consejos autonómicos de justicia, un primer paso para adecuar el poder judicial y la administración de justicia a este estado de las autonomías y corregir medio siglo de diregencia de la Constitución”.
Reformar la justicia en “profundidad”
Igualmente, Bravo ha reclamado una reforma de la justicia en “profundidad” para que se adecue “la organización judicial a la nueva realidad social y económica de España”. “La justicia no es mejor ni lo será mientras sigamos financiando un sistema judicial obsoleto basado en una organización judicial en la que se aplican leyes del siglo XIX. Y por eso en muchas ocasiones cuando escuchamos la palabra justicia siempre arrastra una variable de lentitud y de colapso permanente gobierne quien gobierne y aunque hayamos llevado a cabo la mayor inversión en justicia y superamos la media nacional”.
Aunque para ello ha afirmado se necesita la participación de todos los poderes y una capacidad para llegar al acuerdo y un Pacto de Estado, pero que “desgraciadamente, en el contexto actual no parece viable ante un bloqueo institucional propiciado por la derecha que no solamente esconde intereses ocultos, sino que, además, con esa actitud malogra el debate sereno de la reforma”.
La consellera también ha abordado la paralización de la renovación del consejo del judicial y ha asegurado que “el reloj que rige el funcionamiento de nuestra democracia constitucional no puede retrasarse por ningún poder ni organismo del Estado. Ningún partido político puede declararse en rebeldía en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, pues de lo contrario, nuestro estado de derecho será un estado fallido”.
Nuevas sedes
Bravo ha recordado que, en los últimos ocho años se ha recuperado la “dignidad” en las sedes judiciales gracias al Plan de Infraestructuras con más de 270 millones de euros de inversión para la mejora de las sedes judiciales como la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante o la reforma integral de la sede del Tribunal Superior, que ya se están ejecutando.
En este sentido, la titular de Justicia ha anunciado la construcción de una segunda sede de la Justicia de Valencia, que se ubicará en solares de detrás de la actual, y “que llevará el nombre de Ascensión Chirivella, la primera abogada valenciana” dado que el edificio actual “se ha quedado pequeño y ya no admite más órganos judiciales”. Igualmente, incorporará nuevas sedes judiciales en Sagunto, Sueca y Elda o la reforma integral del complejo de Benalúa de Alicante.
Lucha contra la violencia de género y abolición de la prostitución
La consellera ha dedicado la última parte de su conferencia a la lucha contra la violencia de género y la atención a las víctimas que “desde hace ocho años ocupan un lugar prioritario en la gestión”. Al respecto, ha recordado que desde 2018 se han atendido a casi 90.000 víctimas, -la mayoría, mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica- y ha destacado que son datos que evidencian la importante labor realizada desde la Red Pública de Oficinas de Asistencia, un “servicio integral único en España”.
Sobre la abolición de la prostitución, Bravo ha destacado que “una sociedad decente no puede consentir que el cuerpo de una mujer sea objeto de compraventa” y ha remarcado que “somos la primera comunidad autónoma que se ha propuesto abolirla y la que está liderando ese proceso en toda España. Para ello estamos impulsando iniciativas destinadas no sólo a modificar leyes sino, sobre todo, a cambiar mentalidades para acabar con esta forma de discriminación machista”
