La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha decidido archivar la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Según la acusación, se habían condicionado normativas para vulnerar la ley de contrataciones.
El auto judicial señala que el tribunal desestima el recurso puesto por el ministerio fiscal y la Generalitat Valenciana. Entre los imputados estaban también el ex conseller Víctor Campos, el obispo Esteban Escudero, el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí y Enrique Pérez Boada, secretario de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, entre otros.
No se demuestra que se hubiera favorecido a contratistas o a la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias
En los fundamentos jurídicos, el auto indica que de las diligencias practicadas durante la instrucción no se desprendía “elemento alguno que permita sostener” que en los acuerdos adoptados por el Gobierno valenciano en los años 2005, 2009, 2010 y 2014 “no se hubieran respetado las formas, o que los mismos se hubieran adoptado de forma arbitraria o que se hubieran realizado al margen de la normativa reguladora“.
Tras asegurar que la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias era privada, el auto afirma que no existe ningún indicio de que los investigados se hubieran concertado en el momento de la constitución de la entidad para eludir deliberadamente la normativa de contratación pública.
Además, “no se ha demostrado tras cinco años de pesquisas, que a través de los contratos se hubiera favorecido a determinados contratistas o a la Fundación”.
Para el tribunal, “no cabe duda en relación con este último extremo que así debe considerarse el objetivo del buen desarrollo de los actos del VEMF, por ser de notorio y público conocimiento el inmenso número de personas asistentes directamente a los mismos y el ingente seguimiento que tuvo a través de los medios de comunicación, con la consiguiente y paralela proyección mundial de la imagen de la ciudad de Valencia, viniendo pues a prestar la Fundación un irrefutable servicio público finalmente auxiliada en sus costos por el Gobierno autonómico”.
