La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ha abierto una causa con jurado por un presunto delito de cohecho contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos F.C. y el expiloto de motociclismo Álex D.L., en el marco de la investigación por los contratos de patrocinio firmados entre la empresa de capital público que gestiona el aeropuerto de la provincia, Aerocas, con el deportista.
Así se establece en el auto notificado este jueves a las partes, en el que se acuerda por otro lado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas en 2016 contra el propio Carlos F.C. -que presidía el consejo de administración de Aerocas- el ex director general y 11 antiguos consejeros de la citada sociedad en cuanto a los posibles delitos de prevaricación y malversación.
Igualmente, la resolución declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad criminal y archiva definitivamente el caso para otro antiguo consejero.
La magistrada entiende que existen “indicios racionales suficientes” de que el Álex D.CL, director del Team Aprilia Racing y administrador de la empresa Motosport69, pagó a Carlos F.C. entre 2010 y 2013 360.000 euros “en consideración a la cantidad total de 3.653.000 euros que aquél percibió por los contratos de patrocinio deportivo, a cambio de servicios de publicidad, que suscribió con la entidad Aerocas a través de su presidente” (el propio Carlos F.C.) “lo que vendría a suponer un 10% de comisión”.
Alguna de esas transferencias bancarias, que tenían como concepto “préstamo”, se realizó días después de un pago de Aerocas SLU a Motosport69.
De conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, la instructora concluye que los hechos podrían constituir un delito de cohecho, cuya competencia para su enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado, por lo que acuerda continuar con la causa y acomodar el procedimiento a los trámites previstos en la Ley del Jurado.
En cambio, sobresee provisionalmente las diligencias contra Carlos F.C., el ex director general y 11 antiguos consejeros de Aerocas después de que la Fiscalía informara de que no existen elementos suficientes para acusarlos por delitos de prevaricación y malversación en relación a la aprobación de los contratos de patrocinio.
“Aerocas contaba con asesoría jurídica interna y externa que, en ningún momento, advirtió a los consejeros de la necesidad de contratar con arreglo a las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público”, precisa el auto, que puede ser recurrido en reforma o en apelación.
