Directivos del ‘Caso Castor’ afirman que no sintieron la microsismicidad

El juicio del Caso Castor ha comenzado en la Audiencia Provincial de Castellón, con las intervenciones de los dos directivos acusados.

El juicio del Caso Castor ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Castellón, con las intervenciones de los dos acusados, los directivos de ESCAL UGS S.L., Recadero del Potro y José Luis Martínez Dalmau, en una sesión que ha durado más de tres horas.

Ambos han insistido en que en que se hubiese podido seguir inyectando gas en el almacén subterráneo ubicado frente a la costa de Vinaròs si no se hubiese decretado la paralización de la actividad.

Los dos encausados afirman que la microsismicidad derivada de la inyección de gas “no fue sentida por la ciudadanía” y que no supuso peligrosidad: “Nadie sintió nada”. Además, los acusados han insistido en que el lugar donde se ubicó esta plataforma es uno de los puntos de “menor peligrosidad sísmica de la península”.

Por otra parte, la encargada en el Observatorio del Ebro de la monitorización diaria de la actividad sísmica en la zona de Vinaròs desde el año 2009 concretó que en el primer semestre de 2013 se captaron 579 microsismos, de los cuales 268 se produjeron en el ámbito de estudio. “No había un sistema de alarma para alertar de una gran amenaza de sismos, después de septiembre ya se instaló”.

Juicio Caso Castor

Cabe recordar, que se juzga a los dos directivos de una empresa, también acusada en este procedimiento, por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales al continuar con la inyección de gas en un almacén subterráneo ubicado en la costa de Vinaròs, almacén conocido por el nombre de Castor, pese a ser conscientes del riesgo sísmico que ello acarreaba para el entorno.

Los hechos ocurrieron entre los meses de septiembre y octubre de 2013 cuando, según mantiene la Fiscalía, la actividad de la mercantil generó un aumento de los terremotos en la zona que ocasionaron daños tanto en esa localidad, como en otras de la provincia de Tarragona.

La acusación pública solicita una petición de seis años de prisión para cada uno de los dos procesados y una multa de 189.000 euros para la empresa acusada.

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