La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, reivindica al Gobierno central que incluya en la nueva Ley Estatal de Vivienda la regulación por parte de los ayuntamientos del precio del alquiler en zonas tensionadas de las ciudades para evitar «la especulación de los fondos buitre y la expulsión de los vecinos de sus barrios». Garrido afirma que «es la única forma de poner fin a la distorsión de precios y garantizar un derecho constitucional como el acceso a la vivienda».
«La compra de un fondo buitre hace justo un año de un edificio que era de protección pública con 173 viviendas del Raval Universitari de Castelló ha provocado un aumento de un 50 % del precio del alquiler en el mismo, ha causado la marcha de 60 familias y ha dejado vacías actualmente el 60 % de las viviendas. Estas prácticas de los fondos buitre o sociedades de inversión ponen en peligro la vivienda de muchas familias y amenaza con vaciar barrios si no se impulsa una ley estatal de vivienda ambiciosa», afirma la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.
Según la concejalía, el Índice de Precios del Alquiler del Ministerio de Fomento muestra un incremento del alquler del 14 % en Castelló de 2015 a 2018, un aumento que no incluye las variaciones registradas por el aterrizaje de fondos buitre el último año .
La regidora respalda las movilizaciones del fin de semana a favor de una nueva Ley Estatal de Vivienda que «garantice el derecho real a la vivienda», así como el manifiesto firmado por la PAH, sindicatos de inquilinos, sindicatos y otros colectivos ciudadanos. Pide al Gobierno central que contemple la regulación de viviendas en barrios donde se ha disparado el precio del alquiler, una medida que estaba prevista, recuerda en el primer borrador de la ley. Garrido subraya que este control de precio se centraría sobre todo en viviendas de grandes propietarios y pretende frenar «los abusos» en el precio del alquiler en barrios de clases medias y populares.
La concejalía afirma que el Parlamento Europeo aprobó una resolución a favor de esta iniciativa y que un informe del Banco de España de 2020 indica que regulara el alquiler en barrios tensionados es la política más efectiva. Añade, asimismo, que el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda considera que no tendrá ninguna eficacia en el precio la aprobación de bonificaciones fiscales en los propietarios de alquileres en vez de una regulación del precio.
Por último, confía que la nueva bolsa de alquiler municipal también sirva, además de proporcionar más vivienda asequible, para mitigar el precio del alquiler en la ciudad.
