Castelló podría quedarse sin espacio para servicios sociales en el nuevo edificio de Borrull

La promesa inicial de que el nuevo edificio de la plaza Borrull iba a ser de uso compartido y repartir su espacio entre la Conselleria y el ayuntamiento de Castelló para albergar servicios sociales de ambas administraciones parece haber quedado en el olvido.

Pero curiosamente un olvido que a fecha de hoy el consistorio de la capital de la Plana ni siquiera se atreve a rebatir. De hecho, ante la insistencia de la prensa al preguntarle por el tema, el portavoz del equipo de gobierno, José Luís López ha asegurado: “ahora no es el momento, cuando esté terminado, nos sentaremos a hablar con la Conselleria“.

Una afirmación que además de obviar las condiciones en las que se iniciaron los trámites para el acuerdo de rehabilitación y usos entre Consell y ayuntamiento deja clara la falta de predisposición a “reclamar” o “pedir” y en cambio induce a pensar en un acatamiento ciego de aceptar los pedazos o retales que Conselleria, en su momento, estime oportuno conceder o no a los servicios vinculados a lo social que presta la administración local.

Sin Borrull, faltarán recursos

Cabe recordar que tras las largas negociaciones que precedieron en su momento a ese uso para lo social a que se destinaba el emblemático edificio de las antiguos juzgados de la plaza Juez Borrull, uno de los argumentos por los que la alcaldesa Amparo Marco, mostraba más satisfacción, era por poder mejorar los servicios a la ciudadanía ofreciéndole en un mismo edificio muchas de las gestiones para las que muchas veces tiene que recorrer diferentes puntos de la ciudad.

“Si está Bienestar Social de la Generalitat el objetivo es que también se encuentren en ese edificio todos aquellos servicios relacionados que se puedan necesitar (…) es decir, servicios para los ciudadanos, de prestaciones”, aseguraba la alcaldesa de Castellón, el 10 de enero de 2020.

Pero además de todo esto y que económicamente, a posteriori haya habido variaciones en la parte de este proyecto de debía asumir cada institución, asumiendo conselleria el coste de las obras, otra de las evidencias innegables es la falta de espacios municipales donde ofrecer servicios y que actualmente se subsanan con alquileres de inmuebles que no son propiedad municipal y que por tanto representan gastos adicionales.

Es el caso, precisamente del Edificio Hucha, en las cuatro esquinas, donde se concentran gran parte de los Servicios Sociales correspondientes a los vecinos del distrito de la zona centro y cuyo contrato finaliza en 2025.