Cae en Castellón una red que registraba matrimonios falsos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red que registraba uniones de hecho falsas para regularizar a extranjeros.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red que regularizaba a personas extranjeras simulando uniones de hecho, con las que obtenían el permiso de residencia de familiar comunitario. En total, se ha detenido a 26 personas y se han realizado dos registros -en un domicilio y en una oficina-, aunque la operación continúa abierta.

Según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado, se ha detenido al cabecilla de la organización, quien se autopromocionaba sin serlo como abogado y gestor; y a su lugarteniente, que, junto a otros cinco detenidos, se les responsabiliza de los delitos de inmigración ilegal, falsificación documental, blanqueo capitales y pertenencia a grupo criminal. Además, han sido arrestado otros colaboradores imprescindibles para el entramado.

La investigación policial se inició en el mes de noviembre sobre un posible grupo criminal que estaría destinado a la regularización de extranjeros en situación irregular en España por medio de uniones de hecho simuladas con personas españolas o de ciudadanos europeos, para conseguir así las autorizaciones de residencia de familiar comunitario.

Con el avance de la investigación, se pudo determinar que para conseguir la regulación, los ciudadanos extranjeros, entre otras cosas, debían presentar la acreditación del vínculo familiar de matrimonio o de acreditación del registro de parejas o uniones de hecho tras su formalización ante notario, para lo que recurrían a la red, cuya existencia conocían a través de intermediarios de su misma nacionalidad para que le “buscasen pareja”.

La organización se encargaría de captar a los ciudadanos en situación irregular, tanto en la provincia de Castellón como fuera de ella, para lo que utilizaba a intermediarios captadores, nacionales del mismo país, quienes pagaban cantidades entre los 6.000 y 8.000 euros; y de la captación de los ciudadanos españoles y comunitarios que otorgarían el derecho a los extranjeros se encargaba directamente el cabecilla de la red, a quienes pagaban aproximadamente 1.000 euros.

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