Desde que la noticia del cierre de la planta de la empresa Nordex, participada por Acciona, en La Vall d’Uxó, trascendiera, de momento ni trabajadores, ni sindicatos ni muchos sectores políticos, logran entender la justificación “oficial” dada en el comunicado de la firma, al menos atendiendo a las razones que alega la empresa, y que muchos ya han tildado desde un primer momento de “pretexto” o “excusa” para aumentar los beneficios abaratando costes recurriendo a otros mercados laborales.
Tras el choque inicial que supuso la noticia, la incredulidad, y las protestas, si este lunes una representación de la empresa era recibida por la alcaldesa de La Vall d’Uxó, hoy eran representantes de Podemos los que se acercaban al polígono para entrevistarse con los trabajadores y conocer más de cerca la situación.
Marisa Saavedra, de Unidas Podemos, diputada en el Congreso por Castelló, David Lluch, regidor de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, y Luigi Carinci, responsable del área de Sociedad civil de Podemos, se han reunido hoy con miembros del Comité de Empresa de Acciona Nordex.
Cabe recordar que el cierre de la planta de La Vall d’Uixó, dedicada al montaje de góndolas por aerogeneradores, y el despido de la totalidad de la plantilla que actualmente es de 94 personas, está resultando desde muchos puntos de vista difícil de entender, en especial cuando se trata de componentes de unas energías que, en muchos aspectos, se están potenciando con ayudas e inyecciones económicas y cuya demanda sigue creciendo.
de hecho, hoy mismo en este encuentro, los representantes del Comité de Empresa han informado que la planta tiene una fuerte carga de trabajo al límite la capacidad de la plantilla, hasta el punto que la empresa preveía la contratación de trabajadores y trabajadoras mediante ETTs por algunos meses de 2022.
Bajo esta premisa, “el cierre es completamente arbitrario e injustificado en una planta que obtiene beneficios”, han afirmado.
Marisa Saavedra, David Lluch i Luigi Caringi han mostrado su apoyo a la movilización de la plantilla, sus familias y la ciudadanía, y se han comprometido a llevar esta problemática a sus respectivos ámbitos de representación.
Saavedra ha afirmado que es “inadmisible” este cierre, que responde a una lógica donde el único que cuenta es aumentar todavía más la ganancia de los accionistas a expensas del futuro de centenares de personas. El principal accionista de la empresa -con un 36% del capital- es Acciona que pertenece a la familia Entrecanales, han apuntado desde esta fuerza política.
Por otro lado, ante una posible deslocalización de la actividad, la diputada ha valorado que “la empresa tendría que tener una responsabilidad respecto al mantenimiento aquí de esta actividad líder en la lucha contra el cambio climático y en la necesaria transición energética.”
“Defendemos los puestos de trabajo y la soberanía industrial de nuestro país frente a la deslocalización empresarial. Preguntaremos por posibles subvenciones recibidas por la empresa por parte de las administraciones, e impulsaremos las medidas a nuestro alcance para evitar este cierre”.
