La Audiencia Nacional celebra desde este lunes el juicio al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama ‘Gürtel‘, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel.
Casi catorce años después del estallido del caso, la Audiencia Nacional todavía tiene piezas de esta macrocausa por juzgar, como la que empieza esta semana. El inicio de la vista oral viene precedido de una cascada de confesiones y conformidades de algunos de los principales nombres ligados a ‘Gürtel’. Alrededor de una decena de acusados, incluidos los cabecillas de la red, han pactado con la Fiscalía.
Junto a Camps serán juzgadas más de una veintena de personas, incluidos varios ex altos cargos del gobierno valenciano y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.
Los tres se encuentran desde hace años cumpliendo diversas condenas por Gürtel y en esta pieza, como en alguna otra más, han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El primero ha aceptado una condena de 2 años y medio de prisión.
Segundo juicio para Camps por Gürtel
Será su segundo juicio por Gürtel -el primero, conocido como el de “los trajes” y en el que acabó absuelto, le llevó a dimitir en 2011– y lo afronta con “absoluta tranquilidad”, según manifestó públicamente esta semana. Además de recordar que “ya son nueve las causas que se han archivado” contra él, el expresident confesó que le “encantaría volver otra vez a la primera línea de batalla”, a la política.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía Anticorrupción, Correa, ‘El Bigotes’ y Herrero, se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del ‘stand de Grandes Proyectos‘ de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market.
Camps carga contra las conformidades
El propio Camps remitió el pasado mes de julio un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que pedía que no tuviese en cuenta el aluvión de confesiones recordando que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como “autoincriminatorios”, es decir, para quienes confiesan, sin que puedan condicionar al resto de acusados.
Correa, que ya acumula condenas por más de 90 años de cárcel, ha planteado una condena de 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
“El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo“, escribió de su puño letra en un documento redactado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 6 de julio de 2022.
En su escrito, el líder de la ‘Gürtel’ se atribuye la idea de crear Orange Market para “obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP” allí, “dadas las buenas relaciones que Álvaro (Pérez, alias ‘El Bigotes’) inició con Paco Camps”.
La tramitación de los contratos
La que fuera responsable de la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica Silvia Caballer, en su escrito reconoció que acordó con ‘El Bigotes’ contratar a Orange Market para el ‘II Congreso Software Libre‘, celebrado en Castellón en mayo de 2005, admitiendo que supo de cuatro facturas emitidas a la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, cada una por un importe de 12.020,24 euros, fraccionadas para que “pudieran ser tramitados como contratos menores”.
