El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante se ha reunido con el Comité de Empresa de la actual concesionaria, prosiguiendo con sus reuniones de la renovación del servicio de autobuses urbanos. Desde la coalición han recordado que esta semana ya se han mantenido reuniones con la AVPTP (Asociación Valenciana por el Transporte Público) y esperan próximamente tener un encuentro con la PCM (Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de l’Alacantí) para seguir la ronda de contactos de cara a “establecer la posición política y las alegaciones” en el Proyecto de Servicio Público presentado por “el bipartito de derechas de PP y Ciudadanos” para el servicio del transporte urbano.
En este encuentro, los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la concesionaria han mostrado “su preocupación por el reiterado retraso de la renovación de la contrata, que tampoco estará terminada cuando acabe el actual periodo de prórroga extraordinaria, vigente hasta mediados del mes de julio” indican desde Compromís.
Por otro lado, los miembros del Comité de Empresa han manifestado “su compromiso en la defensa de las mismas condiciones laborales actuales para la próxima plantilla de la concesión”. En este sentido, desde Compromís han confirmado que “reclamarán que el próximo pliego de condiciones constate de forma clara la obligación de la futura adjudicataria de respetar las condiciones económicas y laborales del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la futura concesión”.
Así mismo, desde Compromís han mostrado su preocupación ante la situación “de absoluto descontrol del Bipartito de derechas” respecto de las grandes contratos municipales y indican que “la situación de la que la contrata de autobuses urbanos es un ejemplo más”.
Natxo Bellido, portavoz de Compromís per Alacant, ha manifestado que “el desorden de la contratación mayor del Ayuntamiento es una muestra muy evidente de la incapacidad del Bipartito para gestionar los servicios municipales, del fracaso de Barcala en la gestión municipal, que afecta gravemente a los servicios públicos que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía alicantina”.
