El Pleno del Congreso ha dado luz verde este miércoles, con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, a la reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad que recupera el texto aprobado en 2010 y que permite a las menores de 16 y 17 años a abortar sin permiso paterno. El texto continuará ahora su tramitación en el Senado.
El texto también incluye medidas para garantizar que esta práctica se realice en los centros públicos de salud. Para ello, se creará una lista de profesionales objetores de conciencia, igual a la que ya se aprobó en el seno de la Ley de Eutanasia aprobada en esta legislatura.
El texto también incorpora nuevos derechos, como un permiso preparto desde la semana 39 y las bajas retribuidas por menstruaciones especialmente dolorosas (que requieren certificado médico).
Algunas claves de la reforma legal
Menores. Las menores de 16 y 17 años o las que tienen discapacidad intelectual ya no precisan de permiso paterno para interrumpir voluntariamente el embarazo.
Una de las modificaciones que se han incorporado al texto que elaboró el Ejecutivo hace referencia a la existencia de una discrepancia entre una menor de 16 años y sus progenitores, el conflicto se resolverá por la autoridad judicial con “carácter urgente”, precepto que ya estaba establecido en la ley de Autonomía del Paciente, pero que en la del aborto se precisa que se trata por esa vía de urgencia.
El juez estará obligado a nombrar un defensor judicial que garantice los derechos de la menor, y el fiscal intervendrá.
Objeción de conciencia. El acceso al aborto no se verá afectado por esa objeción individual, ya que los servicios públicos deberán organizarse para asegurar que hay personal sanitario suficiente para que la mujer pueda interrumpir su embarazo. Actualmente, la gran mayoría de los abortos se practican en hospitales privados.
Además, los médicos objetores no podrán participar en los comités clínicos que deciden los abortos a partir de las 22 semanas de embarazo.
Estos comités no tendrán la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá “recurrir en vía jurisdiccional” su decisión en caso de no estar de acuerdo.
Permiso reparto. La futura ley orgánica para la Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Garantía de la Interrupción Voluntaria del Embarazo incluye la opción de un permiso preparto para todas las embarazadas, pero a partir de la semana 39 de gestación y no de la 36, como en principio proponía su ministerio.
Baja por reglas dolorosas. España es el primer país europeo que prevé esta baja, retribuida y que precisará de un informe médico.
Métodos anticonceptivos. Garantiza la financiación pública de todos los métodos anticonceptivos hormonales, con preferencia de los de última generación. Las autonomías crearán centros de atención sexual y reproductiva que darán gratis la píldora del día después.
