La Generalitat creará un grupo de trabajo con las siete empresas que gestionan las ITV en la Comunitat Valenciana para lograr un proceso de reversión a gestión pública “amable” a partir de 2023, cuando expira la actual concesión de 25 años.
“No lo vamos a hacer de manera unilateral”, ha garantizado el conseller de Economía, Rafa Climent, y ha confiado en que el nuevo servicio será “ejemplar”.
Así lo ha acordado con la Asociación de Entidades Concesionarias para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) en una reunión celebrada un día después de las criticas de esta entidad al Consell por basar la reversión en un estudio lleno de “errores”.
Aecova también amenazó con interponer reclamaciones judiciales por los 133 millones de euros más intereses que asegura que les adeudan por las tarifas anuladas.
El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha respondido tajante a las acusaciones de falsedad documental que realizó la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV), un día antes de que se reunieran para abordar la no renovación de la concesión del servicio de ITV, que expira el 31 de diciembre.
“No hay ninguna falsedad documental y si la hay que digan ellos dónde. Deben basarse en la memoria económica y administrativa que hemos publicado y cuyos datos hemos recopilado del Registro Mercantil”, ha indicado Climent.
Climent se ha hecho eco de la última sentencia del TSJ, donde el juez asegura que “la no prórroga de la concesión es algo previsible de acuerdo con los términos pactados y nada extraño que ocurra, de manera que los concesionarios deben estar preparadas para tal evento”. Climent añade que las empresas sabían esto desde hace 25 años, cuando se aprobó la concesión.
En la reunión han acordado crear una comisión de trabajo para perfilar los flecos del proceso.
