El Defensor del Pueblo tomará cartas en el retraso de los informes de vulnerabilidad que hacen posible que unas 200 familias sean atendidas por el Banco de Alimentos en la zona norte de Alicante, según ha denunciado públicamente la Asociación de Vecinos Barrio Colonia Requena. Tras acudir esta entidad a la institución que dirige Ángel Gabilondo, señala que la misma “ha resuelto dirigirse al Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de obtener información sobre el asunto que ha motivado su queja. Una vez que se reciba la respuesta solicitada, se le dará traslado de su contenido”.
La asociación actualmente está distribuyendo comida del Banco de Alicante a unas 200 familias del barrio aunque su presidente estima que hay “otras 200 familias” en situación de vulnerabilidad. El pasado febrero denunciaba retrasos en la expedición y en la renovación anual de los informes que acrediten la situación de vulnerabilidad que deben presentar al Banco de Alimentos.
“La demora para la emisión de dichos certificados es de meses y cuando los usuarios del Banco de Alimentos que gestionamos solicitan dicho documento, solo encuentran dificultades por parte de la concejalía de Acción Social del ayuntamiento de Alicante”, señala el presidente de la asociación Antonio Colomina.
La entidad argumenta que la situación vulnera o el artículo 9.2 de la Constitución Española, que establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud… así como el artículo 29, que nos dice que Todos los españoles tendrán el
derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
También consideran desde la asociación que se está vulnerando la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en especial el Artículo 13 sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, y su apartado d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. Y al apartado e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
En su escrito al Defensor del Pueblo, subrayan que las familias “están en una situación de extrema necesidad y el acceso a alimentos básicos es fundamental para su subsistencia”.
El reparto de alimentos que coordina la asociación de vecinos nació de una iniciativa particular del propio presidente Antonio Colomina que en época de pandemia comenzó a ayudar a vecinas y vecinos sin medios económicos desde su propio bar.
Posteriormente, como la demanda fue creciendo, acometió los trámites necesarios para que la asociación de vecinos que preside realizara esta labor, para lo cual firmó un convenio con el Banco de Alimentos de Alicante. El pasado mes de febrero, Colomina anunció que cesaría el reparto ante los retrasos de las certificaciones y su reivindicación fue apoyada por una treintena de asociaciones de vecinos de distintos puntos de Alicante.
La entonces edil de Acción social, Julia Llopis, que recientemente ha dejado el Partido Popular para unirse a VOX, señaló al trascender estas quejas que el Ayuntamiento no puede “funcionar como una gestoría del señor Colomina” y cuestionó su legalidad para distribuir alimentos, a lo que la asociación argumentó que cuetan co permisos han superado dos controles del banco de Alimentos de los que “hemos salido sobresalientes”.
Asimismo, en este tiempo, Antonio Colomina ha llegado a desembolsar de su bolsillo alrededor de 6.000 euros, por ejemplo en alquileres de trailers y furgonetas, y conseguido donaciones particulares.
En estos momentos, el presidente espera a reunirse con la persona que tome las riendas de Acción Social en el Ayuntamiento antes de decidir la continuidad del servicio que presta la asociación en la zona norte.
A la vez ha pedido la mediación del Defensor del Pueblo. “Creemos que el Ayuntamiento está obligado por ley, tal y como argumentamos en esta solicitud, a expedir los certificados de vulnerabilidad a aquellas personas que lo necesiten, y nos preocupa que estas personas estén siendo privadas de sus derechos por una negativa injustificada. Si esto no es posible, bastaría con que el Ayuntamiento proporcione a los usuarios y usuarias otro documento que nos indique la situación de vulnerabilidad de una familia y nos permita entregar alimentos a dicha familia hasta una fecha determinada que el Ayuntamiento indique”.
