Las consultas a propietarios de chiringuitos hechas por el partido liberal evidencian que la inspección que el Ministerio ejerce en tierras valencianas no tiene nada que ver con el que se puede observar en otras autonomías que tienen transferida estas competencias.
Los propietarios valencianos de las concesiones administrativas de instalaciones desmontables han visto cómo se les ha prohibido actividades como cocinar o montar sombrillas durante años mientras en la Costa del Sol eran permitidas. “Es una humillación para el pueblo valenciano continuar así”. Las inspecciones del funcionariado de Madrid en los chiringuitos valencianos son una humillación y no tienen sentido.
Los valencianistas creen que en estos momentos en que, desgraciadamente, el COVID19 obliga a cerrar los locales de ocio nocturno se tiene que revisar los criterios facilitando la actividad diurna. Pero esto se consigue asumiendo la competencia, apostando por el autogobierno valenciano, como hicieron andaluces o catalanes.
El partido liberal valenciano denuncia la obsesión en las inspecciones para retirar elementos de los chiringuitos como puedan ser tramos de pasarelas, sombrillas o la negativa a poder distribuir un número limitado de sillas y mesas en la arena.
DV se manifiestan a favor de todas las medidas para eliminar cualquier contaminación y aboga por el máximo respeto a la playa, flora y fauna protegida y, especialmente las dunas, pero consideran que muchas restricciones del funcionariado de Madrid en tierras valencianas adolecen de argumentos.
No se entiende como teniendo una Consellería de Medio ambiente y la importancia económica del turismo, el gobierno del Botánic soporta callado esta humillación para el pueblo valenciano.
Demòcrates Valencians exige la transferencia de las competencias para autorizaciones de actividades de ocio o acuícolas, la inspección y el régimen sancionador. Además, la transferencia debe hacerse previa valoración económica tal y como se hizo en Andalucía en ell 2011, mientras el PPCV se olvidaba de la “cláusula Camps”.
Para los valencianistas liberales hay tres razones de peso para exigir la transferencia. La primera es que la administración valenciana es la que conoce y preserva mejor el entorno natural. La segunda razón es que el hecho de ser más una administración más próxima facilitaría un diálogo, hoy en día imposible, entre los concesionarios o propietarios de actividades y los responsables públicos. Y la tercera es que el pueblo valenciano no es menos que otros y que la tenemos capacidad y voluntad de gobernarnos mejor nosotros.
