El tenso deshaucio de una residencia de mayores de l’Eliana obliga a reubicar a los últimos 14 ancianos

Nueve personas han sido realojados en una residencia pública de Carlet y las otras cinco acogidas en casa de sus familiares tras momentos de tensión por la oposición de usuarios y trabajadores a abandonar el centro

La residencia de mayores Evora, de l’Eliana, está llenando hoy titulares informativos y redes sociales tras las imágenes difundidas por algunos medios de las tensiones y protestas que se han vivido en el deshaucio de este martes, con 14 residentes de avanzada edad como protagonistas de este cambio forzoso de vivienda, donde ha tenido que intervenir la Guardia Civil.

Pese a que se trataba de un desahucio decretado por la justicia y programado para hoy, aún había muchos vecinos y afectados incrédulos que confiaban en que no se iba a llevar a cabo aunque finalmente, no ha sido así. Por eso, la impotencia de algunos de sus protagonistas entre los que se encontraban trabajadores, afectados y residentes ha llevado a curiosos a grabar la salida con sus móviles con el fin de que la protesta trascendiera socialmente, como efectivamente lo ha hecho, aunque eso no haya servido para evitar el desenlace previsto y dictaminado por un juzgado de Llíria

La oposición de algunos internos y parte de la plantilla, que se negaban a abandonar el centro ha generado momentos de malestar y no únicamente entre quienes debían obedecer sino también en aquellos obligados a ejecutar la sentencia de deshaucio.

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil se ha desplegado en la zona para intervenir en el desalojo y han tenido que sacar en la calle una quincena de personas mayores y con alta dependencia que todavía quedaban dentro. Durante el lanzamiento, los agentes han detenido tres personas para oponer resistencia a las autoridades, el gerente del geriátrico y otros dos responsables, según han confirmado en À Punt algunos trabajadores presentes. Los agentes los han sacado esposados del recinto.

Las razones: el impago de una deuda anterior y una sentencia judicial

En cuanto a las causas, cabe recordar que el polémico desahucio se ha producido avalado por una sentencia judicial a causa del impago de una deuda. Una decisión que los familiares de los residentes consideran injusta. Además, en términos legales, esta decisión firme desde febrero de 2022, dado que nadie la ha recorrido en contra.

La demandante es otra compañía, la actual propietaria del edificio, que ha denunciado una renta pendiente de más de 200.000 euros a la anterior gestora de la residencia.

Un cambio de manos con cuentas sin saldar

El problema parece venir, según apuntaban hoy medios de información autonómicos, porque durante el procedimiento judicial una tercera empresa se hizo cargo de la gestión del edificio, sin la autorización necesaria de la Consellería de Igualdad, y ahora un juzgado de Llíria ha decretado el desalojo forzoso.

La dirección actual del centro es familiar de los anteriores, sobre quienes pesan los impagos denunciados. En cualquier caso, defienden la gestión realizada y que están en el día en el pago de todos los contratos y recibos. “Creemos que no tienen ningún derecho a desahuciarnos y que estamos aquí de forma legítima”, asegura el gerente, Francisco Cabello en declaraciones ante varios medio de comunicación que hoy recogía À punt.

En cuanto el destino de los residentes, la Consellería de Igualdad ha asegurado a los cerca de cincuenta internos que alberga el geriátrico, de carácter privado, plazas alternativas a otro centro de Carlet. De hecho de los 14 que hoy quedaban, nueve ha n aceptado esta solución y cinco han sido reubicados, de momento con sus familiares.

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