Las patronales representativas del sector de infancia y adolescencia, la Asociación Profesional de Infancia y Menores de la Comunidad Valenciana (APIME) y la Federación del Tercer Sector en el ámbito de la Protección de la Infancia, Juventud y Familia y de la Justicia Juvenil (FEPJJ), se reunieron en Alicante el pasado viernes 16 de septiembre con el Síndic de Greuges para expresarle la difícil situación que atraviesa el sector, fruto del continuo retraso en los pagos de los 21 centros que tienen sus contratos expirados.
A finales de julio, las patronales ya reclamaron por escrito a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que hiciese frente a los 21.022.831,14 € que le adeudaba a seis entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro por la gestión de hogares de acogida y residencias socioeducativas, ya que la última factura cobrada correspondía al mes de octubre de 2021.
Debido a estos nueve meses de impagos, las entidades están teniendo problemas para hacer frente de forma regular a los salarios de las plantillas y a los gastos de suministros y actividad propios de estos centros; a lo que se suman los costes, que nadie abona, de intereses financieros.
Entidades en riesgo de desaparecer
Esta situación está poniendo en riesgo la propia supervivencia de las entidades (asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro) que gestionan estos centros.
En su escrito también demandaron “un calendario inaplazable de convocatorias de las licitaciones vencidas y en resarcimiento que pueda sacar de la incertidumbre a trabajadores/as y entidades”.
Tras esa reclamación, durante el mes de agosto la Conselleria procedió al abono de varias facturas de estos centros, lo que ha logrado rebajar la deuda a 16.777.271,31 €, una cantidad que las patronales siguen considerando inasumible.
Esto ha motivado que pongan la situación en conocimiento del Síndic de Greuges, solicitándole su amparo para solventar la demora en la gestión y normalización de los
contratos públicos pertinentes.
En la reunión se puso de manifiesto la compleja situación que están viviendo los centros afectados, pese a la reiterada exigencia a la Conselleria por parte del Síndic de Greuges y de la Agencia Valenciana Antifraude para que se ponga remedio a esta extensión de la actividad sin contrato vigente en centros que atienden a más de 500 niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable.
Las patronales APIME y FEPJJ aún están esperando que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas responda a la solicitud de reunión que realizaron a finales de julio, con la esperanza de que de dicho contacto puedan salir las necesarias soluciones que doten de estabilidad a la atención a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección o cumpliendo medidas judiciales.
