La Diputación de València aprueba el incremento del Fondo contra la despoblación

Durante la sesión se ha acordado también reivindicar el papel de la mujer rural en el ámbito económico y social.

El pleno de octubre de la Diputació de València ha aprobado por unanimidad el incremento de la aportación al Fondo contra la Despoblación en la provincia, que este año será de 1.653.885 euros, que sumados al 1.515.885 euros de la Generalitat superan los tres millones de euros que se repartirán los 65 pueblos valencianos calificados como en riesgo de despoblación.

Esta línea de inversión es el apéndice del Fondo de Cooperación Municipal que llega a los 266 municipios de la provincia y también es de carácter incondicionado, como ha explicado el responsable de Desarrollo Rural y Políticas contra la Despoblación, Ramiro Rivera, al diputado popular Juan Ramón Adsuara, quien ha considerado oportuna “una justificación de las ayudas en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”.

En palabras del diputado de Desarrollo Rural, “lo importante de estas ayudas es el impulso de la economía local en los municipios más pequeños, y no tendría mucho sentido que no fueran los alcaldes y alcaldesas los que decidieran el destino de las inversiones como sucede con el Plan de Inversiones y el Fondo de Cooperación, que respetan esa autonomía municipal”.

Rivera ha destacado igualmente que la novedad de este año es una aportación adicional de 140.000 euros para los 24 municipios de la provincia que no superan los 300 habitantes.

De acuerdo con la propuesta efectuada por la delegación de Desarrollo Rural y Políticas contra la Despoblación, que incrementa un 50% las ayudas a los municipios con menos de 300 habitantes, se plantea una dotación extraordinaria de 7.500 euros para cada uno de los tres municipios menores de 100 habitantes: Sempere, Puebla de San Miguel y Carrícola.

Además, con el objetivo de aproximar el importe total a percibir por estos pequeños municipios al de los de mayor población, se incrementará en 5.500 euros la asignación a cada uno de los 21 municipios de entre 101 y 300 habitantes, que son Llocnou de la Corona, Estubeny, Casas Altas, Vallanca, Castellonet de la Conquesta, Torrella, Vallés, Bufali, Pinet, Aielo de Rugat, Casas Bajas, Segart, Rugat, Benagéber, Benissuera, Beniatjar, La Yesa, Terrateig, Almiserà, La Granja de la Costera y Bellús.

El Decreto 182/2018 del Consell establece que para ser incluido en el Fondo contra la Despoblación los municipios deben tener menos de 300 habitantes, aspecto que los incorpora automáticamente, o bien cumplir diversos indicadores en materias como densidad de población, tasa de crecimiento demográfico, tasa de crecimiento vegetativo, índice de envejecimiento, índice de dependencia y tasa migratoria. En función de dichos indicadores, el Fondo aportará entre 19.000 y 120.000 euros a cada uno de los ayuntamientos.

Mujer rural y provisión de puestos

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora este mes, también hubo acuerdo casi unánime en el apoyo incondicional a estas mujeres a través de una moción conjunta firmada por los portavoces del PSPV, Compromís, PP, Ciudadanos, La Vall ens Uneix y el diputado no adscrito.

En la línea de lo acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias, los distintos grupos en la Diputación reconocen “el papel esencial de las mujeres para asentar la población y luchar contra el envejecimiento en nuestros pueblos”, al tiempo que reivindican medidas encaminadas a “garantizar oportunidades laborales y de conciliación e incrementar la presencia de las mujeres en puestos de toma de decisiones en la economía del medio rural”.

Más debate hubo en relación al punto noveno del orden del día, que trataba las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución, en concreto la provisión de los puestos vacantes en Asesoría Jurídica a causa de las jubilaciones. En este sentido, Ciudadanos y el PP han cuestionado que estas plazas se abran a otras administraciones, mientras la diputada de Personal, Pilar Molina, ha explicado que la medida “es excepcional, pues se da en el ocho por ciento de los casos, y trata de encontrar al personal más adecuado y competente para cubrir una plaza cuando no se encuentra en la casa”.

Ante la insistencia de la oposición en defender la promoción del personal propio y recordar al presidente que se llevaría al pleno una única RPT al año, el propio Toni Gaspar ha instado a los responsables de Ciudadanos y el PP a “saber cómo ha funcionado y cómo funciona la casa, que a día de hoy es con las normas y la ley en la mano”.

Gaspar ha admitido que “todo es mejorable y más cuando hablamos de personas”, pero ha defendido su gestión como impulsor del plan estratégico de Recursos Humanos que ultima la institución y que regulará estos procesos. Mientras, ha lamentado que se siga haciendo “política espectáculo” de un “hecho tan lógico como es prevenir la provisión de la plaza de una persona que se jubila, y hacerlo sin vetos: si el de dentro tiene más talento ganará el de dentro, y si tiene que venir de fuera, que venga el mejor”, ha apostillado el presidente.

La Senyera de Blasco Ibáñez

En el anecdotario de la sesión plenaria destaca la presencia de la Senyera de Blasco Ibáñez, que ocupa la parte central del salón de plenos desde la víspera del 9 d’Octubre. Lo que no cambió es la apertura del pleno, que como es habitual en el presidente Gaspar se inició con el anhelo de alcanzar una sociedad en la que las mujeres se sientan libres de agresiones, el grito de rabia contra los asesinos de las 36 mujeres víctimas de la violencia de género en lo que llevamos de año y el recuerdo de Erika, la última de ellas.

Después vinieron las daciones de cuentas, las ampliaciones de delegaciones tributarias de distintos municipios y el debate de las mociones presentadas por los grupos, entre ellas la del estudio de una plataforma pública de gestión digital para la actividad administrativa de la Diputación y los entes locales; la creación de un fondo de contingencia extraordinario para la reposición de infraestructuras de primera necesidad; la aplicación de una reducción al recargo provincial del IAE; o la concesión de ayudas contra la pobreza energética.

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