La Diputación de València invirtió 90 euros por habitante en las ayudas concedidas a los municipios de la provincia en el período 2017-2019, frente a los 83 euros de la Diputación de Castellón y los 65 de la corporación alicantina. Son algunos de los principales datos recogidos en el informe de auditoría operativa de la Sindicatura de Comptes sobre las inversiones de las tres diputaciones en las entidades locales.
El órgano de control económico de la Comunitat cifra en 230 millones de euros las ayudas totales destinadas a inversiones municipales por la Diputación de València en este período, frente a los 119 millones de Alicante y los 48 millones de euros de Castellón. Solo un 2% de los proyectos financiados por la corporación valenciana, que mantiene su apuesta por la autonomía local, fueron contratados directamente por la propia institución, un porcentaje similar al de Castellón (5%) y muy alejado del de la Diputación de Alicante, que en esos tres años adjudicó cerca del 60% de las obras que financió en la provincia.
En cuanto a las ayudas nominativas, la Diputación las redujo en 13 millones de euros entre 2017 y 2019, una tendencia que se mantiene a la baja en la línea de la gestión del presidente Toni Gaspar, que ha culminado el proceso de eliminación de la discrecionalidad en la concesión de ayudas, al tiempo que refuerza la apuesta por la autonomía local, el reparto justo entre los municipios de “un dinero que no es de ninguna institución sino de las valencianas y valencianos” y la reducción progresiva de burocracia para agilizar los pagos y modernizar una institución “propia del siglo XXI”.
Mayor objetividad y equidad
El esfuerzo inversor y la eficiencia en la ejecución de las obras financiadas no son las únicas potencialidades que la Sindicatura de Comptes atribuye a la Diputació de València. El órgano de control apunta en su informe que la corporación valenciana “mantiene su grado de objetividad y equidad” en una distribución de las ayudas “más específica”, al tiempo que valora positivamente las fórmulas polinómicas de reparto, que se publican en las bases de la convocatoria tal y como recomendó la Sindicatura.
València y Castellón mejoran la objetividad en los criterios de concesión, mientras en la Diputación de Alicante “la distribución de las ayudas para inversiones es menos objetiva a causa del incremento de las ayudas directas”. El informe recoge, en parte, la tendencia de la corporación valenciana hacia la eliminación de las ayudas directas. En el caso del área de Presidencia, en los últimos cinco años se han reducido un 90%, pasando de los 2,1 millones de 2015 a los 144.000 euros registrados al cierre de 2020.
En el apartado de novedades respecto al trienio anterior, la Diputación incorpora un adelanto del 50% en la financiación de cada proyecto en el momento en que los ayuntamientos acreditan la adjudicación de la obra. Según la auditoría del órgano autonómico, la institución valenciana reduce el tiempo de pago, no contempla sobrecostes en los proyectos financiados y apenas se registran solicitudes rechazadas. En estos casos, el remanente se reinvierte en los entes locales.
Otra mejora detectada por la Sindicatura y recogida en su informe es el avance en la supervisión de las actuaciones financiadas. El Plan de Inversiones 2018-19 prevé efectuar visitas de inspección a todas las obras y proyectos. En total, 1.270 solicitudes aceptadas, con 1.221 obras adjudicadas y 1.098 finalizadas, un 86,5% del total, en el momento de entrega del boletín remitido por la Sindicatura de Comptes.
Conclusión positiva
En resumen, la Sindicatura concluye que la Diputación de València mantiene la objetividad en el reparto de las ayudas de sus planes provinciales, valora positivamente las nuevas fórmulas utilizadas por el área de Cooperación Municipal que dirige Carlos Fernández Bielsa, y considera que la institución mejora el control del proceso de ejecución de las obras con revisiones físicas para hacer un seguimiento de las actuaciones financiadas.
El órgano autonómico valora la adopción de medidas encaminadas a cumplir sus recomendaciones, como la ampliación de los plazos de ejecución durante la pandemia y la inclusión del coste efectivo de los servicios en los municipios a la hora de distribuir las ayudas. Además, el presidente Gaspar, en su apuesta por reforzar el control interno de la Diputación y contar con los informes de los habilitados nacionales como “oportunidades para mejorar”, ha impulsado de nuevo el Plan Estratégico de Subvenciones con el fin de determinar el objetivo, plazo y coste de cada ayuda, al tiempo que se trabaja en un departamento de subvenciones que permita unificar criterios y mejorar la eficiencia.
Esfuerzo inversor
El esfuerzo inversor de la corporación valenciana que destaca la Sindicatura en el período 2017-19 ha tenido continuidad en los dos últimos años, en los que la Diputación de València ha vuelto a duplicar las ayudas de su Plan de Inversiones con un programa bianual para 2020 y 2021 dotado con 150 millones de euros, 10 de ellos para grandes ciudades, con el que se han financiado más de 2.000 actuaciones de mejora de infraestructuras y servicios en los municipios valencianos.
El plan de inversiones más ambicioso de la historia de la institución no es la única línea de transferencias directas a los ayuntamientos para que dispongan de los recursos necesarios en el ejercicio de la autonomía local por la que apuesta la Diputación. A este programa inversor se suman los 40 millones de euros anuales que la corporación valenciana aporta al Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat, y que duplica la cantidad que destina el Consell a los municipios de la provincia.
