ANPE, el Sindicato Independiente y Profesional de la Enseñanza Pública, ha realizado una encuesta con el fin de recoger información de la situación actual de los centros educativos en la Comunidad Valenciana y de las condiciones laborales de sus docentes.
En la encuesta, se ha preguntado por los aspectos más relevantes y sobre los que más reclamaciones nos llegan al sindicato, tanto relativos a las condiciones laborales del colectivo como a la situación de los centros.
Más del 95% de los encuestados exige una revisión de las retribuciones para compensar la pérdida de poder adquisitivo que nuestro colectivo viene acumulando desde 2010 y que todavía se ha visto más acentuada con la inflación acumulada durante el último año, frente a la cual, la subida del 2% de inicio de año, se ha quedado en una mera anécdota. En enero de 2022, el IPC interanual acumulado era del 6,1% y sólo en 2022 llevamos ya un acumulado del 3,5%. Además, el 86% también se considera agraviado frente al resto de funcionarios de otros cuerpos, al no contar con días moscosos para poder atender asuntos propios.
La situación de los centros no es mucho más halagüeña a la vista de los datos recogidos. El 94% de los docentes, considera que deben aumentarse las plantillas de los centros para poder aplicar de manera satisfactoria el plurilingüismo y el modelo de inclusión, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de alumnado que requiere medidas especiales pertenece a centros públicos.
Más del 95% considera imprescindible una reducción de las ratios para poder ofrecer una atención más directa e individualizada a su alumnado, una reducción de la carga burocrática en los centros y la necesidad de contar con personal administrativo en todos ellos y en la cantidad adecuada, medida fundamental para poder centrarse en la que debería ser su labor fundamental; la docencia.
También puede constatarse como se exige a la Conselleria que abandone sus reticencias al cambio y que dé un paso más a la hora de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Así lo refleja el hecho de que un 92% de los docentes reclamen la puesta en marcha del procedimiento del Concursillo, que ya está en funcionamiento en otras comunidades con resultados positivos contrastados.
Por último, el 80% del profesorado considera imprescindible que los centros cuenten con personal sanitario, tal y como ANPE viene reclamando históricamente antes incluso de la pandemia, como medida de seguridad en los centros y para descargar responsabilidades a los docentes que ni están preparados para ellas ni son parte de sus atribuciones.
“En nuestro empeño por luchar por los intereses de los docentes de la enseñanza pública, ANPE continuará exigiendo a la Conselleria que realmente mejore las condiciones laborales del profesorado y la situación de los centros educativos como garantía de una enseñanza pública de calidad” han asegurado en su comunicado.
