La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación y el pliego de condiciones para la adjudicación del derecho real de superficie de los Docks, un edificio situado en la fachada marítima de propiedad municipal y protección patrimonial, que se encuentra en desuso desde hace años.
El Ayuntamiento inicia así el procedimiento para la adjudicación del uso del edificio durante 50 años y su conversión en un centro de datos. El vicealcalde de València y portavoz municipal, Sergi Campillo, quien ha comparecido al acabar la Junta de Gobierno acompañado del concejal Borja Sanjuán, ha explicado que se trata de un “edificio estratégico de propiedad municipal en el entorno de la Marina de València, un espacio de encuentro vecinal y de actividades culturales y musicales y también un polo de innovación económica de primer orden para la ciudad”.
De hecho, según el vicealcalde, “la Marina es uno de los polos económicos de esta ciudad y, por eso, desde 2015, hemos estado implementando una estrategia específica para convertir la Marina en esto, en un espacio de uso ciudadano e innovación económica donde las empresas pudieran implantarse porque antes, cuando entramos en 2015, era un páramo”.
Sergi Campillo ha recordado que “en la vigente ficha de protección del edificio, el régimen de intervención admite la sobreelevación de tres nuevas plantas de carácter no mimético sobre la totalidad o parte de la actual segunda planta y que, en todo caso, la altura del edificio acabado no superará los doce metros medidos sobre la cara superior del último forjado existente”. Además, el concejal ha añadido que “en estos momentos se está tramitando una solicitud de catalogación del edificio como Bien de Relevancia Local (BRL) de la ciudad, por lo que la entidad beneficiaria de la adjudicación deberá dar cumplimiento estricto a las condiciones patrimoniales del edificio”.
Cesión a 50 años
El pliego de condiciones para el derecho de uso de los Docks, que ya han solicitado dos empresas para su conversión en centro de datos e innovación tecnológica, establece que la duración del contrato llegará a los 50 años, prorrogables de mutuo acuerdo hasta un máximo de 99. El canon mínimo anual se sitúa en 340.000 euros, IVA aparte, que se actualizará cada año con la variación del IPC y el índice de volumen encadenado con referencia 2015.
Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de la empresa beneficiaria serán el precio o mejoras sobre el canon, la reducción del plazo del derecho de superficie, el fomento del empleo, el volumen de la inversión aprobada y la inversión en operaciones de renovación de infraestructuras. El plazo de presentación de ofertas será de 26 días naturales.
