La última negativa judicial que afecta al pasaporte COVID que solicitó el gobierno vasco hace que crezcan los interrogantes sobre el anuncio de la implantación de este sistema que hizo Puig.
El President de la Comunitat Valenciana, tras barajar durante mucho tiempo esta posibilidad como sistema de control y ir dejando caer posibilidades veladas de que pudiera ser necesario para acceder a locales cerrados, anunciaba esta semana que estaría implantado “antes del puente de la Constitución“.
Sin embargo, las recientes negativas de los tribunales a aceptar esta medida en distintas comunidades que lo han solicitado, genera aún más dudas de cómo y en qué términos puede plantear ahora esta necesidad el gobierno valenciano para que sea aceptada por los tribunales.
De momento, la negativa que ha recibido el Gobierno vasco argumenta que que utiliza una argumentación demasiado genérica. Aunque no hay que olvidar, que este rechazo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al plan de Iñigo Urkullu para controlar el acceso a la hostelería y el ocio nocturno con el pasaporte COVID ha sido contundente pero no unánime.
Los jueces de lo contencioso explican que “el fin no justifica los medios cuando se vive en un Estado de derecho” y subrayan que exigir este certificado de vacunación puede afectar a un ramillete importante de derechos fundamentales de los ciudadanos: igualdad, intimidad, reunión y libertad ambulatoria.
Comunidades pendientes
Este rechazo del TSJ del País Vasco al pasaporte COVID siembra por tanto el interrogante, además de en la Comunitat Valenciana, en Navarra y La Rioja que ya anunciaron que iban a solicitarlo. Por otro lado, Andalucía y Castilla y León, lo está barajando. Mientras que Aragón está ya a la espera del dictamen de sus tribunales.