El Síndic de Greuges alerta de las ‘deficiencias’ en la gestión de las grandes ayudas sociales

El defensor del pueblo valenciano reclama cambios en el procedimiento de la Renta Valenciana de Inclusión y la Dependencia por los retrasos en su adjudicación

La mayoría de las quejas al Síndic de Greuges en 2021 han sido por “la incapacidad de las administraciones para satisfacer en un plazo razonable de tiempo derechos vitales de la ciudadanía, debido a la falta de medios y a la ineficaz gestión de los recursos, ­han concentrado la mayoría de las quejas al Síndic en 2021″. Así lo ha manifestado el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, en rueda de prensa tras la entrega este martes al presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, el Informe anual de la institución correspondiente al ejercicio 2021.

Por ello, el defensor valenciano ha reclamado que se cambie el procedimiento de gestión de las grandes ayudas, especialmente las de mayor urgencia: las de la Renta Valenciana de Inclusión y la dependencia, porque no “no está funcionando” y hay “excesivos retrasos en el reconocimiento de estos derechos de carácter vital”. En total, en el informe de 2021 consta que el año pasado se iniciaron 4.125 nuevas quejas, más otras 20 de oficio, de las que 1.040 tienen relación con los servicios sociales; y se han atendido 16.765 consultas ciudadanas.

Según ha explicado Luna, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha delegado a los Ayuntamientos parte de la gestión de los procedimientos sociales citados anteriormente, pero “sin cederles ninguna capacidad decisión”, lo que asegura “supone una mayor carga burocrática y una extensión del tiempo de tramitación de los expedientes, en detrimento de la urgencia de las necesidades de tantos ciudadanos”.

“Las administraciones locales hacen propuestas, que se aceptan o no, aunque la ley las califique de vinculantes, como en la Renta Valenciana de Inclusión. Si las propuestas no se aceptan, el expediente vuelve a la administración local; es decir, la Conselleria mantiene el control y la decisión sobre todas las partes del proceso” afirma el defensor valenciano.

Uno de los problemas que destacan dentro del “significativo” número de quejas en 2021 es el criterio de Igualdad para denegar la prestación cuando la persona solicitante ha aceptado algún trabajo temporal o a tiempo parcial. Asimismo, el Síndic explica que “cuando un ciudadano lleva unos cuantos meses y no puede sobrevivir, hace lo primero que se le presente. Si le dan un trabajo de 3 meses o tres horas, lo coge, pero luego no puede recibir la renta valencia de inclusión” y provoca que se desincentive “de forma notoria” la búsqueda de empleo. Por ello pide que se reconozca el derecho a percibir desde que se solicita esta ayuda y se suspende mientras se esté trabajando.

Quejas sanitarias o de vivienda

Del mismo, en el ámbito de la Sanidad, el Informe destaca “el colapso” que ha soportado la atención primaria y su “deficiente funcionamiento” que asegura es “especialmente grave”, así como la sensación de abandono sufrida por la población en los casos de necesidad inmediata de contactar con los centros de salud. Por ello, el Síndic ha pedido que se aborde “con urgencia” las carencias que presenta el sistema de salud y una reforma de la atención primaria, sin menoscabo de la atención especializada y hospitalaria.

En este sentido, Luna ha hecho referencia al nuevo modelo de Atención Primaria, que presento este lunes la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en Les Corts y ha señalado que “esperemos que funcione porque nos estamos encontrado muchos problemas que no se reflejan en el número total de quejas” porque asegura muchos usuarios recurren primero a Atención al Paciente y en última estancia al Síndic de Greuges y “eso criba muchas reclamaciones contra Sanidad”.

Otro de los aspectos que ha recabado en el Informe Anual de 2021 es la “vulneración de los derechos elementales de los demandantes de vivienda pública“. De este modo, ha abierto una queja de oficio contra el reglamento del Consell de 2021 sobre acceso a la vivienda porque asegura que “al ser trámites telemáticos, complica el acceso a los colectivos más vulnerables”.

Además, una gran cantidad de las situaciones que denunciaban los usuarios en 2020, e incluso en años anteriores, se han continuado manifestado durante el 2021. Por ello, el Síndic asegura que “estos problemas recurrentes ponen de manifiesto la incapacidad de las administraciones para satisfacer derechos básicos de la ciudadanía, con los actuales medios y procedimientos administrativos vigentes”.

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