Juzgan a un empresario acusado de un delito de malversación de caudales públicos por el que la Fiscalía solicita inicialmente para él cinco años de prisión.
Según la acusación pública, el acusado, que se dedicaba a la compra y venta y reparación de maquinaria para la construcción, vendió varias grúas como chatarra y se apropió del dinero obtenido, 92.265 euros, entre diciembre de 2012 y enero de 2013, cuando no podía hacerlo, ya que había sido nombrado por un juzgado depositario de dichas grúas, así como administrador judicial de una empresa de la que él era proveedor y con cuyo responsable mantenía diferencias por deudas ante los tribunales.
El Ministerio Público sostiene que la actuación del acusado como administrador judicial agravó la situación de la empresa que administraba, pues no presentó las cuentas anuales, ni declaraciones de IVA e impuestos de sociedades, vendió maquinaria sin reflejarlo en la contabilidad y gestionó incorrectamente la cartera de clientes.
