viernes, 29 marzo 2024

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La monarquia parlamentaria desde un punto de vista económico

Artículo de opinión del abogado Carlos Martí Vicent.

En estos tiempos convulsos y algo oscuros que corren en nuestro país, ha resurgido de sus cenizas cual Ave Fénix el eterno debate, aunque legítimo, respecto de la forma política que debería ostentar la Jefatura del Estado y, por consiguiente, España.

No voy a ser yo quién diga si es mejor una monarquía parlamentaria o una república, ya que esa decisión corresponde única y exclusivamente a la ciudadanía como elemento integrador del Estado y sobre la que recae la propia soberanía nacional, expresada en la práctica constitucional a través de nuestros parlamentarios en las Cortes Generales.

No obstante, sí que puede hablarse de que estos últimos 42 años de Democracia que hemos vivido en nuestro país bajo la forma política de la monarquía parlamentaria han sido los más dorados y esperanzadores para la ciudadanía, fruto de una Transición reconciliadora ejemplar en la que, en palabras de sus propios protagonistas, se pasó de una Dictadura a una Democracia no destruyendo, sino reformando, o como bien dijo el Presidente de las Cortes D. Torcuato Fernández Miranda, “de la Ley a la Ley, a través de la Ley”, con la finalidad máxima del Presidente D. Adolfo Suárez de “elevar a la categoría política de normal aquello que a nivel de calle era normal” y todo ello sin que resurgieranlos viejos tambores de guerra que aún resonaban por España y en los que la Corona, representada en esos momentos por SM D. Juan Carlos I y en calidad de Capitán General de las Fuerzas Armadas, supo aplacar. El propio Vicepresidente D. Alfonso Guerra manifestó en su día que “si yo fuese creyente, diría que la Transición fue un milagro”.

Pero bien; la finalidad de estas líneas no es valorar o analizar la propia Transición, sino analizar desde un punto de vista económico la figura política de la Monarquía Parlamentaria o, lo que es lo mismo, cuanto nos cuesta a los españoles la Casa Real y nuestras Cortes Generales.

Entrando en materia, si observamos los Presupuestos Generales del Estado de este año 2020, que traen su causa de ser de los Presupuestos del ejercicio 2018 del Ministro D. Cristobal Montoro y que han sido prorrogados varias veces para ilusión del hombre, observamos que la partida presupuestaria destinada a Casa Real asciende al montante

de 7.887.150,00, una cantidad nada desdeñable y que en un principio, y sin poner en relación con otras cantidades, nos permite decir que la Jefatura del Estado es bastante cara.

No obstante, y aprovechando este pequeño periodo vacacional de 10 días del que hemos gozado los abogados y procuradores gracias a la habilitación excepcional a efectos procesales de parte del mes de agosto por el Ministerio de Justicia, y actuando cual ciudadano curioso, me he sumergido en las páginas web de nuestras Cortes Generales en aras de conocer cuanto ganan nuestros queridos parlamentarios nacionales o, lo que es lo mismo, cuanto les pagamos los ciudadanos.

Un   primer   elemento   retributivo   es   la   asignación  constitucional   idéntica   de 3.050,66€ mensuales que perciben en 14 pagas tanto Diputados como Senadores. A ello sumamos los correspondientes complementos mensuales por razón que cargo que abarcan desde los 9.933,65 € que recibe la Presidencia del Congreso, los 8.209,14 € que percibe la Presidencia del Senado hasta los 756,34 € que recibe un Portavoz adjunto de una Comisión. Huelga decir que desde los 9.933,65 € hasta los 756,34 € existe un gran abanico de posibilidades en función del cargo que se ostente, dando lugar a bastantes fórmulas aritméticas.

Hasta aquí todo parece bastante normal; sueldo base idéntico y diferentes cuantías complementarias en función del cargo de responsabilidad que se ostente. Sin embargo, llegamos a una partida denominada “Indemnización” que para cualquier ciudadano que la desconozca, es la que más estupor causa.

Según la información contenida en las propias páginas oficiales tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, se establece que “Con este concepto, que tiene una cuantía mensual de 1.959,62€ en 14 pagas para los Diputados de circunscripciones distintas a Madrid -1,958,02€ en el caso del Senado– y de 935,37 € para los electos por Madrid -933,78 € en el caso del Senado-, los parlamentarios deben afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara. Es una cantidad dedicada, pues, a cubrir gastos y por ello exenta de tributación, de acuerdo con lo previsto en el art. 17.2 b) de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre”

Es decir; un Diputado de Sevilla dispone de 27.434,68€ al año para afrontar los gastos que le origine su actividad en la Cámara; un Senador de Murcia de 27.412,28€; un Diputado de Madrid de 13.095,18€; y un Senador de Madrid de 13.072,92€. Todo ello libre de tributación y que se añade a su sueldo base de 3.050,66€ más sus complementos por cargo.

Partiendo de que nuestras Cámaras disponen de 265 senadores -11 de Madrid- y 350 diputados -37 de Madrid-, solo con la partida “indemnización” se gasta al año la nada irrisoria cifra de 16.178.097,70€, o lo que es lo mismo, más del doble del presupuesto del que dispone Casa Real.

Comparto plenamente que cualquier trabajo que se realice este remunerado con la dignidad que le corresponde; es más, así lo reconoce nuestra propia Constitución en su artículo 35. Ahora bien; gastar casi 16.2 millones de euros al año en nuestros Parlamentarios por el simple hecho de decir “soy de Granada, soy de Castellón o soy de Madrid” no solo me causa asombro, sino también vergüenza e indignación, y más con la que esta cayendo a la ciudadania.

Queridas señorías; como bien saben todas ustedes, en nuestro sistema político tiene cabida cualquier ideológica que sea respetuosa con los Derechos Fundamentales que emanan de la Constitución, pero cuando hagan alusión a la Casa Real y su coste, les pido como ciudadano de a pie que las “luces y taquígrafos” que residen en nuestras Cortes, se las apliquen ustedes mismas y no lancen cortinas de humo inocuas y vacías de contenido que distorsionen la realidad, porque visto lo visto, en esta Monarquía Parlamentaria sale más caro decir “Soy Parlamentario” que “Soy Rey”.

Las dietas, gastos de transporte y demás gastos, ya los dejaremos para otra ocasión.

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