El juzgado número 4 de Castellón ha dictado el procesamiento del expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, por indicios de poder haber cometido “presuntos delitos de frustración de la ejecución de la sentencia que le condenó por cuatro fraudes fiscales”, además de cohecho y blanqueo de capitales.
El juez procesa también por cohecho a los empresarios Fernando Roig y Enrique Gimeno por su participación en la trama diseñada por Fabra, que implicó además a varios miembros de su familia.
Cabe recordar que el ex-presidente de la Diputación Provincial debe más de un millón de euros de la multa de 1,3 millones que se le impuso en 2013 por cuatro fraudes fiscales.
Esntre ellos y según los datos recopilados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), la Fiscalía anticorrupción sostenia que Fabra recibió, entre 2010 y 2016, una docena de “préstamos personales” procedentes de empresarios y políticos.
La cuantía total supera los 3,5 millones, aunque solo consta la devolución de 570.000. La mayoría no han sido devueltos ni reclamados y, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, son realmente “donaciones en consideración de sus cargos y por su influencia política”.
Por otro lado, y según recoge un rotativo de ñambito nacional, además de los préstamos, Anticorrupción destaca el manejo de 2,6 millones de euros en dinero en efectivo que, según señala, ha manejado Fabra entre 2007 y 2017 y que, a su juicio, tiene un origen ilícito.
Además de esto, la Fiscalía señala los abonos brutos de la actividad bancaria de Fabra y su entorno (familia y sociedades vinculadas), que ascendieron de 26 millones de euros, cantidades. Dinero del que no se saldó ninguna de sus deudas tributarias y judiciales que, en septiembre de 2020, ascendían a 1.031.457 euros.
