El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha trasladado a la delegada del Consell en Castelló, Eva Redondo, el malestar de la población por el proyecto promovido por Aprocol para la instalación de una planta de almacenamiento temporal, centro de transferencia y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en la localidad.
Falomir ha anunciado que el Ayuntamiento presentará hoy 8 bloques de alegaciones, organizadas por contenido, al proyecto presentado por la mercantil a la Generalitat. Cabe recordar que los expedientes de autorización ambiental integrada y de evaluación de impacto ambiental han estado expuestos a información pública conjunta durante 30 días.
El Ayuntamiento pide que la Generalitat anule el procedimiento y archive el expediente por, entre otras muchas consideraciones, no ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana de l’Alcora.
De esta manera, el primer edil ha destacado la “falta de concordancia entre el proyecto básico y el informe de compatibilidad urbanística”. Según ha detallado, el informe de compatibilidad urbanística que el Ayuntamiento otorgó a Aprocol no es aplicable a la documentación que la mercantil ha presentado en la Generalitat para obtener la Autorización Ambiental Integrada, ya que incluye la actividad “valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad superior a 10 t/día”, clasificada dentro del Grupo A, grado 4-5, y el PGOU de l’Alcora no permite instalar actividades nuevas con este grado de nocividad e insalubridad.
“El estudio de impacto ambiental incluye muchas deficiencias” ha resaltado Falomir, señalando como una de las “más graves” el hecho de que “solo contempla una única alternativa viable cuando, con este estudio, lo que se pretende es analizar todas las alternativas técnicamente viables y justificar la solución finalmente adoptada”. Además, “en la matriz de impactos no se ha recogido el rechazo social de la población de l’Alcora a este tipo de instalaciones”.
El alcalde ha manifestado, asimismo, que “hay muchos otros aspectos que no han quedado suficientemente justificados en la documentación expuesta al público”. Así, por ejemplo, ha indicado que “no se incluyen las cantidades pormenorizadas de cada uno de los tipos de residuos a admitir en las instalaciones, aspecto fundamental a la hora de justificar las infraestructuras y operaciones a realizar en la planta”.
Por otro lado “tampoco ha quedado demostrado que no se vayan a mezclar distintos tipos de aguas residuales con componentes peligrosos, ni cuáles son las empresas gestoras que finalmente fueran a gestionar dichos residuos”. Además -continúa el munícipe- “existen serias dudas, dado el elevado número de residuos a gestionar y su tipología, sobre la obligación de que este tipo de actividad no deba presentar un Plan de Emergencia Exterior en el que se contemple la coordinación de la actividad con los diferentes servicios de protección”.
