El sindicato CSIF reclama “datos reales y fiables sobre la situación de la plantilla de la Administración del Consell”. La central sindical ha reiterado su petición a Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y, ante la falta de respuesta, ha denunciado la situación ante Conselleria de Transparencia, que tampoco ha contestado.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido, tal como recalca en diferentes escritos registrados, “el número de plazas ocupadas o no por personal interino, las de libre designación, las que están en adscripción provisional o el porcentaje de temporalidad en el empleo público”.
El sindicato ha trasladado esta petición en diferentes foros en su condición de “garante de los derechos de los trabajadores, como miembro de la Mesa Sectorial”.
CSIF subraya que “a pesar de tratarse de aspectos relevantes, desde Conselleria siempre han mantenido la dificultad real de saber estos datos, alegando argumentos tan peregrinos como no disponer de las herramientas informáticas necesarias para obtener esta información”.
La central sindical recalca que “la negativa a entregar esa necesaria información, que incluye la situación real de puestos de trabajo y el número total de vacantes ocupadas o no, conllevó que CSIF interpusiera anuncio de recurso ante la Sala de lo Contencioso del TSJCV contra la última Oferta Pública de Empleo (OPE)”.
El sindicato se dirigió igualmente a Conselleria de Transparencia para que mediara “con la urgencia que el caso requiere y al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”.
CSIF señala que en su escrito explicaba sus peticiones y advertía de la falta de información por parte de Conselleria de Administración Pública. No obstante, han transcurrido más de medio año y no ha recibido respuesta por parte de Conselleria de Transparencia. El sindicato lamenta que, con ese silencio, “Transparencia actúa en complicidad con Administración Pública, que niega una información fundamental y que resulta inadmisible que la Generalitat no aporte”.
