Los trabajadores penitenciarios de la cárcel de Picassent se ha concentrado este jueves frente a la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana para exigir soluciones ante la falta de personal, sobre todo sanitario; el exceso de internos en la cárcel valenciana; y el aumento de las agresiones, la última, recientemente donde cuatro funcionarios resultaron heridos y acabaron en el hospital por la agresión de un reo.
Según explican, las últimas semanas están siendo especialmente duras en las prisiones españolas con una sucesión de incidentes de “extrema gravedad” y que están provocando que muchos de los trabajadores “teman por su integridad física y por su vida porque no sabemos lo que nos puede pasar cada vez que vamos al centro”, tal y como señala Alberto Téllez, delegado de Acaip-Ugt en València y miembro de la Ejecutiva Nacional del Sindicato, que indica que el motivo principal “es la dejadez de los gestores de la institución y una inadecuada clasificación interior”.
En este sentido, explica que la situación que ve agravada porque existe una “carencia muy importante” de personal, sobre todo en las dos patas más importantes de la prisión Picassent: el área de vigilancia, que está en contacto directo con los internos; y el personal sanitario, que tiene una doble función, de asistencia y supervisión de las acciones disciplinarias a los internos, del que
“Como no hay personal sanitario no se puede supervisar el cumplimiento de las sanciones a los internos que han protagonizado, por ejemplo, agresiones, y por tanto, no se cumplen” indica Téllez.
Además lamentan que muchos días no disponen de personal médico por la noche “y eso es “muy importante” porque “tenemos una población interna muy variada, desde internos muy conflictos, a otros con patologías psiquiátricas y enfermos con patologías crónicas”. Asimismo, a esta grave situación afirman que hay que añadir “un déficit de casi un 15%” sobre el número mínimo de trabajadores y trabajadoras que marca la Relación de Puestos de Trabajo del centro de Picassent.
Del mismo modo, denuncian la “olla a presión” en la que se está convirtiendo este centro penitenciario al acoger alrededor de 2.000 internos, lo que supone un 65% más de los que debería por su espacio. Además, aseguran que mucho de los presos no están destinados en los departamentos que correspondería por su perfil “por falta de sitio” y que “la zona de internos conflictivos está absolutamente desbordada”. “Todo ello genera un excelente caldo de cultivo para conflictos e incidentes” manifiestan.
Es por ello, que piden que se trasladen los internos a otros centros penitenciarios que tienen menor población o que se empiece a construir una nueva cárcel en la provincia de València para albergar el exceso de internos, ya que “la que iba a ser un nuevo centro en Siete Aguas ahora será un centro psiquiátrico penitenciario”.
Durante la concentración, los representantes sindicales han podido mantener un breve encuentro con la nueva delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la que le han trasladado los principales problemas a los que se enfrentan los trabajadores y le han pedido que intermedie con la administración penitenciaria para “desbloquear la negociación”. Según han explicado, Bernabé se ha comprometido a “estudiar el informe presentado y a intentar buscar soluciones sobre la masificación del centro de Picassent“.
Y es que esta concentración convocada en València por las organizaciones sindicales ACAIP-UGT y CSIF, se ha repetido en el resto de comunidades autónomas con centros con centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dentro de las movilizaciones que se están llevan a cabo por el conflicto colectivo que los sindicatos mantienen con la administración penitenciaria desde septiembre de 2021 por “la nula capacidad de esta de atender las necesidades del colectivo y la negociación de mejoras de sus condiciones laborales”.
Las principales demandas son: una retribución “adecuada “a las funciones que realiza el personal, declaración de agentes de autoridad a los trabajadores penitenciarios, formación universal, encuadramiento en el grupo B de TREBEP y “reconocimiento y respeto” por parte de los gestores de la administración penitenciaria.
“Urge aprobar una legislación que dote a los trabajadores penitenciarios de autoridad y que estas agresiones sean consideradas como un delito de atentado y no se salden con meras sanciones administrativas” exigen desde los sindicatos.
