Hoy 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La celebración consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. La campaña para 2023 tiene como lema “un entorno laboral seguro y saludable es un principio y un derecho fundamental en el trabajo”.
Sin embargo, “las prisiones españolas distan mucho de ser un espacio de trabajo de seguro para los empleados públicos”.
Desde ACAIP-UGT, con motivo de este día, “denunciamos las agresiones que sufrimos los trabajadores penitenciarios en nuestro trabajo“.
Según datos oficiales, durante el año 2022, los trabajadores penitenciarios sufrieron 453 agresiones, lo que supone una cada 19 horas. De éstas, 12 se produjeron en el Centro Penitenciario de Valencia.
“Una cifra en realidad mucho más elevada ya que estos datos no reflejan todas las incidencias que se producen en una prisión, tan solo aquellas en las que el trabajador requiere asistencia médica”, explican desde AGAIP-UGT.
“Es preciso que los medios de protección sean acordes a las funciones que los trabajadores penitenciarios realizan, no se pueden seguir utilizando los mismos medios de hace 20 años, en la actualidad existen medios más ligeros, más efectivos que los que se suministran, y a menor coste económico”.
“La administración debe velar por la seguridad de sus trabajadores, por lo que desde ACAIP-UGT insistimos en la necesidad de protocolos adecuados para prevenir las agresiones y derogar el actual que se ha mostrado ineficiente”.
“A su vez, debe realizarse una evaluación precisa de los riesgos psicosociales de los trabajadores. El entorno penitenciario es muy complejo por la diversidad de situaciones a las que se enfrenta un trabajador que, con escasos minutos de diferencia puede tener que hacer frente a un intento de suicidio de un interno, una agresión, un incendio, o a solventar otras muchas tareas burocráticas y de atención al recluso”.
La modificación del artículo 80 de la Ley Organiza General Penitenciaria por la que los trabajadores penitenciarios pasarían a ser considerados agente de la autoridad, lleva parada en el Congreso desde hace más de una año por lo que, desde ACAIP-UGT “solicitamos que el trámite parlamentario se agilice a fin de que, esta medida, pueda servir de freno a las agresiones sufridas por los empleados públicos penitenciarios”.
Asimismo, “es necesario facilitar a los trabajadores la formación necesaria para enfrentarse a estas situaciones violentas y el apoyo psicológico adecuado cuando se producen ataques verbales y físicos”.
Las mejoras en seguridad y salud laboral y la cobertura de plazas vacantes, 138 en la prisión de Picassent, “sigue siendo la gran asignatura pendiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y urge una negociación efectiva y real con los agentes sociales para buscar las soluciones adecuadas que acaben con esta lacra de agresiones en los centros penitenciarios”.
