“Falta personal”, “En determinadas condiciones es complicado sentirse seguro trabajando”…estas son algunos de los comentarios más repetitivos en los centros penitenciarios de todo el estado y también en los de Castellón.
Tanto los centros penitenciarios Castellón I, en la carretera de l’Alcora, como el Castellón II, en Albocàsser, adolecen de problemáticas comunes que afectan entre otros aspectos a la regulación de tareas, dotación de personal adecuado y suficiente o condiciones pertinentes para desempeñar las labores carcelarias que les corresponden, “con un mínimo de garantías”.
Reivindicaciones que reclaman desde hace tiempo y por las que la Unión Provincial de Castellón de CSIF se sumará el próximo 22 de abril a las movilizaciones convocadas en Madrid para exigir al Ministerio del Interior que incorpore al borrador de la Ley de la Función Pública Penitenciaria las mejoras pendientes que el sindicato lleva reclamando desde 2018.
CSIF, junto con representantes de los sindicatos Acaip-UGT y CIG, se concentrarán ante la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para reclamar “avances reales” en la tramitación y entrada en vigor de la normativa.
Desde el sindicato han recordado la “urgencia” de concretar la nueva ley, con el fin de resolver algunas de las carencias que aquejan a los dos centros penitenciarios de la provincia de Castellón –Castellón I y Castellón II-, como la falta de personal, especialmente en el área sanitaria, o las agresiones a los funcionarios.
En ese sentido, han explicado que “el borrador que plantea el ministerio es un documento totalmente vacío, que no contempla plazos ni una memoria económica definida, por lo que no avalaremos con nuestra firma el actual borrador de la ley, no lo apoyaremos ante ningún grupo parlamentario y no lo defenderemos”. “Queremos que la Ley salga adelante, pero no a cualquier precio y los sindicatos no vamos a ser cómplices de una norma con la que la administración pretende lavarse la cara, pero sin mejorar, modernizar ni solucionar los graves problemas que tenemos en el ámbito de las instituciones penitenciarias”, han insistido.
Dicho de otro modo, los sindicatos hablan de un borrador al que acusan de ser un envoltorio vacío ya que que sin dotación económica específica ni compromiso concreto de plazos no asegura el fin de la problemática que el personal funcionarial de estos centros plantea.
En cuanto a las reivindicaciones pendientes, desde el sindicato han detallado que “no se da fecha a la integración en el grupo B del personal penitenciario del actual Cuerpo de Ayudantes, ni se acotan de manera clara la reclasificación de centros penitenciarios, la configuración de un nuevo organigrama adecuado a las tareas que efectivamente se realizan en los centros penitenciarios o la adecuada adscripción de puestos de trabajo por razón de edad”.
“El borrador que se ha planteado de esta Ley tampoco detalla aspectos importantes como los plazos para el reconocimiento del personal de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, el principio de indemnidad y la defensa jurídica del personal penitenciario, ni se concreta la configuración de una nueva estructura de cuerpos penitenciarios que permita generar carrera administrativa y promoción profesional para el personal”, han añadido.
Por ello, desde el sindicato han reclamado al Ministerio que “escuche” a los empleados públicos penitenciarios e “incorpore sus demandas a la normativa, detallando plazos y partidas presupuestarias”, tal como llevan reclamando desde que arrancaron las primeras movilizaciones relacionadas con estas mejoras, en el año 2018.
