El Ministerio para la Transición Ecológica ha formulado la declaración de impacto ambiental para el proyecto de la macroplanta solar denominado Magda, impulsado por el grupo francés Akuo y el chino Premier, avanza así en su tramitación pese a los diversos informes desfavorables remitidos por la Generalitat Valenciana.
La iniciativa de energía renovable pretende ocupar que incluye algo más de 472 hectáreas en los términos municipales de Les Coves de Vinromà (donde se ubica una factoría de palas de aerogeneradores) y Benlloc (en parte de cuyo municipio se ubica el aeropuerto de Castellón) para instalar paneles fotovoltaicos con una potencia de 150 megavatios (MW).
El macroparque, que se divide en tres zonas distintas en que se reparten las placas solares y también incluye una nueva línea de evacuación que afecta a un total de 11 municipios, ha provocado el rechazo de varios colectivos y ayuntamientos por la elevada superficie que ocupa, además de la necesidad de crear una línea eléctrica que superaría los 50 kilómetros de longitud.
Prevé implantar hasta 258.622 módulos de placas fotovoltaicas con las que alcanzar una potencia pico de hasta 150 megavatios. En total, los grupos extranjeros han estimado una inversión total de 94,9 millones de euros -66 millones más IVA-.
Entre las infraestructuras proyectadas hay tres subestaciones eléctricas y las líneas precisas para conectarlas entre ellas y con la red general. Concretamente, incluye una línea eléctrica de alta tensión de 400 kilovoltios que se extenderá a lo largo de casi 53 kilómetros hasta la subestación eléctrica de La Plana, ubicada en Almassora, tras pasar por 10 términos municipales: Coves de Vinromà, Vilanova d’Alcolea, Torre d’en Doménec, Benlloc, Vall d’Alba, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol y Castelló de la Plana, además de Almassora.
De hecho, la propia Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Paisaje, presentó un informe en contra que se sumaba a las alegaciones de ayuntamientos, la Diputación de Castellón, cooperativas y colectivos sociales.
La propia directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, de la Conselleria de Territorio, seguía mostrando su rechazo al proyecto poco después de su publicación en el BOE.
“Todavía estamos leyendo las condiciones fijadas, pero no nos convencen: de los informes de Territorio y Paisaje omite la desaparición de paisajes de gran valor, la reducción de la conectividad y la ocupación de suelos de recarga de acuíferos”, señaló en una red social la responsable de Compromís.
