El Ayuntamiento de València podría tener que pagar unos 80 millones a la constructora por la sentencia de Tabacalera que anula la recalificación de dos pastillas de suelo en el barrio de Penyaroja. Así lo ha asegurado este jueves la vicealcaldesa de València y concejal de Desarollo Urbano, Sandra Gómez, en declaraciones a los medios, en las que ha precisado que la empresa hoy eixge “hasta 80 millones, 40 en incidente de ejecución de sentencia y 40 en un expediente de responsabilidad patrimonial exigidos y solicitados al Ayuntamiento”. “Un riesgo tremendo para las arcas públicas del Ayuntamiento de València y que solo tienen un responsable, los gobiernos del Partido Popular” ha asegurado.
En este sentido, Gómez ha lamentado el “daño hecho” a todos los valencianos valencianas, por este “pufo de la etapa del Partido Popular por el que tendría que pedir perdón públicamente”. Así, ha recordado que la ciudad “ya llevamos reconocidos 7 millones de euros en responsabilidad patrimonial más la cuantificación de la expropiación que hoy hay que hacer de los solares”.
Es por ello, que ha asegurado que utilizará todas las vías posibles para minimizar este pago, una de ellas seguir con el recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia que vuelve a dar la razón a los vecinos de Penyaroja. Aún así, Gómez ha explicado que este es “suspensivo” y que se está cerca de llegar a acuerdo con los vecinos, y que si todas las comunidades retiran el recurso, el Ayuntamiento retirará el suyo.
“Tenemos la obligación de defender los intereses del Ayuntamiento y de las familias adquirientes porque si hay un cambio de planeamiento, obviamente hay un riesgo cierto de encontrarnos con que una sentencia en Madrid que nos obligue a reconstruir las naves de Tabacalera que derribaron porque sí el PP” ha manifestado la dirigente socialista, que también ha asegurado que el consistorio puede incluso tener la obligación de “desalojar la finca de Micer Mascó y reconstruir las naves de Tabacalera“.
Igualmente, el pleno ha decidido, a instancia del equipo de gobierno y sin apoyo del resto de grupos municipales, “que, una vez solicitada la suspensión por ambas partes en el proceso judicial, el Ayuntamiento continuará con su voluntad negociadora para conseguir una solución concertada y evitar las perniciosas consecuencias que la sentencia de Tabacalera tiene para el Ayuntamiento y las familias que han adquirido propiedades de buena fe”. Además, el Ayuntamiento “estudiará las posibles responsabilidades jurídicas y patrimoniales de los responsables políticos de la operación Tabacalera sobre los perjuicios y daños que está ocasionando al erario público del consistorio”.
Vecinos piden “pactar la paz”
Los vecinos del barrio de Penya-roja también han expresado en el pleno su malestar con el recurso de reposición del Ayuntamiento. Concretamente, uno de los miembros de la plataforma, Fernando Argente, ha preguntado al alcalde que si se “comprometió expresamente” a buscar vías de solución alternativas a la vía judicial porque ahora el Ayuntamiento ha interpuesto este recurso contra el auto que terminaba con este conflicto. “Es insólito que la justicia les haya dicho dos veces que no, que por ahí no puede pasar y día de hoy estamos en negociaciones para que ustedes reconozcan y no vayamos a una tercera”.
Es por ello, que Argente ha abogado por volver a la vía del diálogo y “pactar la paz” con el equipo municipal para llegar a un acuerdo que “termine con estos cuatros años de angustia”. “Les pedimos que retiren el recurso de reposición y que paguen por favor, y que indemnicen a los vecinos con inversiones en el barrio”. Además, ha señalado que la plataforma vecinal sigue tendiendo la mano tendida y les ha pedido que reflexionen sobre que pensará el resto de vecinos de la ciudad cuando se enteren del “ensañamiento” al que están siendo sometidos los vecinos de Penya-roja.
En la sesión plenaria también se han debatido conjuntamente y, finalmente, rechazado, dos mociones de los grupos de la oposición relacionadas con el barrio de Penya-roja. Por una parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha demandado que “el Ayuntamiento abra el diálogo y se comprometa para ejecutar las inversiones pendientes en el mencionado barrio del distrito de Caminos al Grau”. En la misma línea, desde la bancada popular, la concejala María José Ferrer San Segundo ha solicitado que “los terrenos recalificados vuelven a ser para servicios públicos como, por ejemplo, un centro de salud que es el recurso más demandado”.
