Los hosteleros valencianos solicitan la suspensión cautelar del cierre del sector ordenado por la Generalitat

SOS Hostelería acusa al Botànic de "discriminar arbitrariamente y sin motivos" al sector hostelero al decretar su cierre.

AVL

SOS Hostelería ha presentado un recurso contencioso administrativo en el que solicita la suspensión cautelar del cierre del sector que recoge la resolución de 19 de enero de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública “por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19”.

En opinión de SOS Hostelería, la resolución de la Generalitat “es contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores”. La resolución aprobada por Sanitat Universal ordena el cierre preventivo y la suspensión cautelar de actividades de los establecimientos de hostelería y restauración de la Comunitat Valenciana.

Los hosteleros valencianos han decidido recurrir judicialmente el apartado 1.b) de la Resolución de Sanidad Universal y Salud Pública ya que, según su presidente, Fidel Molina, “de no concederse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse graves y perjudiciales consecuencias para los administrados”.

La demanda presentada por SOS Hostelería, a través de Romero & Llodrá, señala que “el concienzudo informe de evaluación y seguimiento de la situación por la pandemia Covid-19 en la Comunitat Valenciana de fecha 19 de enero de 2021, elaborado por la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, así como el informe de misma fecha elaborado por la Directora General de Asistencia Sanitaria a los que se hace referencia en la Resolución, ponen de manifiesto un sustancial repunte de los casos y un agravamiento de la situación epidemiológica en los últimos días, aunque no existen motivos objetivos u objetivables que justifiquen el criterio de cerrar el sector de la hostelería y restauración, en contraposición a la decisión adoptada en otros sectores como por ejemplo el de las grandes superficies y centros comerciales”.

Finalmente, la demanda añade que “si bien la Administración está legitimada para tomar este tipo de decisiones a la hora de restringir la actividad económica de unos concretos sectores de actividad y no de otros, dicha decisión debe responder a criterios lógicos y objetivos aplicados por igual a todos los sectores no esenciales de la actividad económica”.

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