El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Llíria ha abierto diligencias previas contra el exalcalde Manolo Civera por prevaricación administrativa coincidiendo con la celebración del pleno donde presenta su dimisión como edil en el Ayuntamiento de Llíria.
Al exalcalde socialista se le investiga, junto a la concejala de Deportes Vallivana Murgui, de Compromís-MOVE, por la adjudicación de las obras del pabellón deportivo con motivo del preolímpico de balonmano femenino.
Los populares realizaron esta denuncia hace un año ante la “falta de transparencia” en este proceso, ya que, según ha explicado la portavoz popular Reme Mazzolari “existe un posible fraccionamiento del objeto del contrato de las obras realizadas en el pabellón Pla de l’Arc, por lo que deberán explicar ante el juez lo que han querido ocultar a la ciudadanía”.
Según el auto, el juez ve hechos que pudieran ser constitutivos de delito, por lo que tanto el exalcalde Manolo Civera como la concejala Vallivana Murgui tendrán de aclarar “por qué el contrato se formalizó con posterioridad al inicio de los trabajos en el pabellón deportivo, entre otras cuestiones”.
Mazzolari ha lamentado que Civera “renuncie a su acta como concejal sin dar explicaciones sobre su dudosa gestión, a pesar de las insistentes peticiones por parte de los populares” y ha recordado que “pedimos una comisión de investigación para que se aclarasen las actuaciones realizadas, pero esta fue rechazada por el equipo de Gobierno municipal, lo que evidenció todavía más que la transparencia del PSOE y Compromís-MOVE brilla por su ausencia”.
Presunto fraccionamiento del objeto del contrato
Mazzolari ha recordado que “el proyecto del ingeniero técnico municipal establece la instalación de 64 proyectores LED y el total de trabajos complementarios que garanticen su funcionamiento asciende a un presupuesto de 222.157,75 euros, pero en el departamento de contratación sólo consta una factura por contrato de obras para la instalación de luminarias por un importe de 48.393,80 euros, por lo que el contrato suscrito puede ser constitutivo de un presunto fraccionamiento del objeto del contrato”.
De la misma manera, la portavoz popular ha explicado que “de acuerdo con el principio de competencia y como medida antifraude y de lucha contra la corrupción, el órgano de contratación solicitará al menos tres presupuestos, debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente, pero este principio no se da, ya que sólo consta un único presupuesto”.
