Juzgan al que fue alcalde de Gandia entre los años 2011 y 2015, Arturo Torró, y a un empresario acusados de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación por las irregularidades detectadas en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público el alcalde, a través de una empresa municipal, concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a la mercantil que gestionaba el otro procesado diversas cantidades de dinero público, pese a que sabía que no había causa que lo justificase y causando un claro perjuicio para las arcas públicas.
La Fiscalía solicita para cada uno de los dos acusados una pena de prisión de 8 años.
