El Pleno del Consell ha autorizado a Abogacía de la Generalitat para presentar un recurso judicial ante el Tribunal Supremo por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura.
Como ya anunciara este jueves el president de la Generalitat, Ximo Puig, solicitará la suspensión cautelar del aumento de los caudales ecológicos del Tajo, mientras no exista un pronunciamiento al respecto del Tribunal.
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, se ratifica en que el contenido de la disposición adicional novena no sólo no es el pactado sino que es “arbitrario y contrario a la legalidad porque el incremento de los caudales no tienen justificación técnica”. La Generalitat encuentra, asimismo, falta de rigor técnico en los cálculos y determinación del régimen de caudales ecológicos a aplicar”.
El Consell sostiene que la redacción transcrita de esta disposición adicional novena no es la que se sometió a consulta pública previa, en fechas de 11 de enero a 25 de enero de 2022, y a información pública, en fechas de 3 de febrero a 4 de marzo de 2022. Además, subraya que tampoco se corresponde con el texto que se sometió en debate y votación en la sesión del 29 de noviembre del 2022 del Consejo Nacional del Agua.
Recuerda la titular de Agricultura que el Consejo de Estado “indica la necesidad de que la medicion se haga en base a criterios técnicos iguales para todos los ríos y esas mediciones tienen que valorar el impacto socioeconómico al tiempo qee la situación de posibles sequías permanentes”. En este sentido, alerta que la reducción prevista de 100 hectómetros menos de agua para riego y consumo es “un grave perjuicio para nuestros intereses”.
Por su parte, Ximo Puig, al ser preguntado por la prensa, defiende abordar el acceso al agua de riego como ‘una transición, no desde una posición rupturista’ con el Gobierno de Sánchez. Sigue apostando por el avance positivo para la Comunitat y por un diálogo que permita encontrar soluciones para el conjunto del país y huir de “intereses electoralistas” y una guerra de agua que “trae fango”.
“Pensamos que nos asiste la razón, pensábamos que la disposición adicional novena que hablaba de la actualización (del estado de los caudades del Tajo) el año 25 era lo razonable y vamos a continuar en esta posición defendiendo la legitimidad que tienen nuestros regantes de seguir tendiendo acceso a agua para siempre“.
Con todo, el Gobierno valenciano estima que dicho real decreto contempla elementos positivos para la Comunitat Valenciana. La coordinación de los planes hidrológicos relacionados con el trasvase por el acueducto Tajo-Segura, y la creación de un ‘Programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura’ serían valorados para mejorar la calidad de las masas de agua.
Igualmente, el programa de la puesta en marcha de comisiones bilaterales de seguimiento entre el Gobierno y cada Comunidad implicada, es vista por el Consell “de enorme interés para evitar una disminución de los recursos disponibles”.
