Los hosteleros de toda la Comunitat se unen para rechazar la “limosna” del Pla Resisteix

Esta mañana se han manifestado, guardando las medidas de seguridad, frente al Palau de la Generalitat para denunciar que las ayudas del Consell no cubren ni el 2% de las pérdidas que arrastran o los gastos a los que tienen que hacer frente las pymes

AVL

Empresarios y trabajadores de bares, restaurantes, cafeterías y locales de ocio de diferentes ciudades y municipios de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia se han dado cita, en la Plaza Manises y alrededores, para denunciar la afrenta del Consell contra las empresas del sector con un plan de ayudas “aberrante” y que deja en la estacada a las miles de familias de la Comunitat Valenciana.

Con consignas de “No queremos limosnas. El plan Resiste es un insulto para el Ocio y la Hostelería” y “Así no hay quien resista”, han amontonado monedas de céntimos ante las puertas del Palau de la Generalitat para mostrar su rechazo al plan de choque anunciado por el Consell que, aseguran, es “calderilla”.

En este sentido, Lalo Díez, presidente de la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana, y organizadora del acto, ha lamentado que desde las administraciones miren para otro lado ante la catastrófica magnitud económica que viven las más de 30.000 empresas del sector.

manifestacion cierre de hosteleria

Más concretamente, ha recordado que los establecimientos arrastran una media de pérdidas de 116.000 euros, a consecuencia de las restricciones y freno de su actividad, desde que empezó la pandemia, y los numerosos pagos a los que continúan haciendo frente, según el último barómetro realizado por la Coordinadora.

Sin embargo, ha subrayado que la solución que se pone sobre la mesa “es una compensación de inyección directa de 2.000 euros por empresa y 200 euros por trabajador en un pago único, que traducido a todos los meses que llevamos acumulando deudas, desde marzo de 2019, equivale a 5,3 euros al día por pyme y 0,5 euros al día por cada trabajador. Lo dicho: calderilla y una burla”.

Además, ha señalado que siguen sin conocerse formalmente las ayudas del paquete de medidas anunciado y aprobado que generan incertidumbre entre los empresarios y dilatan en el tiempo que sean de aplicación inmediata y puedan beneficiarse todas las pymes. “Por eso, si hoy hemos vuelto a salir a la calle, es porque, insistimos, el plan del Consell arroja más sombras que luces. En este sentido, le recordamos al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que con fotos y titulares de prensa no se pagan las nóminas ni se saca a flote un negocio”, ha reseñado.

A la vez, Díez ha vuelto a hacer hincapié en que este mes “hemos tenido que pagar el IVA, la cuota de autónomo, las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores y el pago a cuenta del IRPF del último trimestre de 2020; mientras la asignación, con todas las medidas articuladas anunciadas a bombo y platillo, no llega ni a cubrir el 2% de los gastos que tenemos que seguir pagando con serias dificultades”.

Ante esta situación, y un cierre que “somos conscientes que puede alargarse, exigimos justicia económica y reactivar una mesa de diálogo con todas las patronales del sector, y todas son todas, para consensuar un plan estructural acorde a la realidad que están sufriendo las pymes”.

Asimismo, ha pedido reconducir la situación y volverse a sentar, por el bien de las miles de familias que tienen hipotecado su patrimonio personal y se ven muy cerca de la ruina. “Tenemos que evitar la destrucción de una importante parte del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, que está siendo duramente golpeado por la pandemia y por las diferentes administraciones públicas”, ha concluido.

Por otra parte, el presidente de la Coordinadora también ha calificado de indignante que llevemos meses escuchando que llegaran miles de millones de euros a este país de los fondos europeos para ayudar a la transformación digital y la economía verde de las empresas. Ante este estas noticias, ha manifestado: “nos preocupa y nos preguntamos que si el Gobierno es incapaz de ayudar y garantizar el presente de las empresas que cierra por decreto, cómo puede estar hablando del futuro de un sector al borde de la ruina y desaparición”.

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