El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, tras mantener una reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Marjalería, Daniel Montel, su vicepresidente, Juan García, y otros miembros de la junta directiva, advierte al gobierno municipal de Amparo Marco que “los vecinos de la Marjalería confirman lo que ya vaticinaba el Partido Popular, el Plan General de la alcaldesa Amparo Marco acabará en los tribunales”, explica.
La reunión que se produce justo después de que el gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos aprobara en solitario la parte estructural del documento urbanístico que marcará las directrices del desarrollo de la capital durante los próximos veinte años. Este encuentro con representantes vecinales ha servido para evidenciar, una vez más, el descontento de los marjaleros por la falta de soluciones.
En este sentido el portavoz Popular adjunto reclama certidumbre para los vecinos de la Marjalería “que ven como el Plan General que pretende aprobar la alcaldesa Amparo Marco, sin consenso, les deja en una situación de absoluto ‘desamparo’. Al eliminarse el Plan Especial de la Marjalería que actualmente protege a esta singular zona de Castellón, la legalidad de sus viviendas queda supeditada a una serie de condiciones inasumibles para sus residentes”.
Asociaciones vecinales como la Plana en Trilles y la asociación Meridiano acaban de anunciar recursos ante los tribunales para tumbar el Plan General. Una vía que tampoco descarta la Asociación de Vecinos de la Marjalería si no se pone fin a la inseguridad urbanística de sus viviendas, lo único que piden es legalizar sus casas dotando de luz y agua a quien todavía no tiene y eso pasa por un nuevo plan especial adaptado a la realidad actual, teniendo en cuenta la singularidad de la zona”.
Revisión de todas las viviendas
La gran preocupación de los vecinos de la Marjalería radica en que la propuesta de Plan General somete a revisión todas las viviendas, incluso las que estaban en suelo urbano.
Ante el último anuncio referente a que el Ayuntamiento asumirá los costes de la redacción de los proyectos necesarios para legalizar las viviendas, tanto el plan de reforma interior para las viviendas en suelo urbano y el texto de minimización de impacto ambiental para las construcciones de suelo rústico, “nadie explica a los vecinos de la Marjalería que esto no les va a salir gratis, ya que deberán pagar contribuciones especiales de no se sabe cuánto dinero, ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, lo que aumenta el desconcierto y el malestar que ya hay”, insiste Toledo.
“Los vecinos están decididos a salvar sus viviendas, por eso no nos extraña en absoluto que ya estén manifestando públicamente su voluntad firme de recurrir a los tribunales para paralizar el Plan General”, concluye.
