El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado este viernes ante los medios de comunicación su propuesta para que la escolaridad de 0 a 3 años sea “gratuita, universal y libre” para todos los niños y niñas de la Comunitat Valenciana en el curso 2023/2024. Eso sí, condicionado a que los populares ganen las elecciones y lleguen hasta el despacho del Palau de la Generalitat.
Del mismo modo, Mazón, acompañado por los portavoces de Hacienda y Educación en Les Corts, Rubén Ibáñez y Beatriz Gascó, respectivamente, ha explicado que para llevarlo a cabo se necesitará un presupuesto de más de 270 millones de euros anuales que se conseguirá gracias a “un recorte importante del gasto político actual”.
“Tenemos la Generalitat con más asesores, más directores generales y más asignados políticamente que nunca. Este es un gasto evitable y no aporta nada” ha afirmado el popular, que también ha afirmado que esto sería “sin eliminar ni un solo trabajador, ni un programa, ni una sola de las ayudas que en algunos campos podrían incluso aumentar”.
Esta propuesta de los populares se aplicará tanto en las escuelas infantiles públicas como en las de titularidad local o privada de 0 a 3 años y los padres y madres tendrán “libertad” para elegir cualquier centro. Según los cálculos de los populares, con la gratuidad universal valenciana, cada familia se podría ahorrar entre 3.200 euros y 4.600 euros anuales, dependiendo del tramo de edad.
Además serán las escuelas quienes reciban directamente el pago de la administración dependiendo el número de alumnado matriculado, se eliminarán todos los trámites burocráticos y las gestiones se harán directamente en las escuelas, según ha explicado el líder de los populares. “Cero papeles para la gratuidad de 0 a 3 años, no les vamos a pedir ni un solo papel. Con la inscripción y la aceptación en su centro educativo, la administración generará los conciertos o acuerdos correspondientes con el centro educativo” ha detallado Mazón.
En total se beneficiarían de esta propuesta alrededor de 76.900 niños de 0 a 3 años en los más de 1.000 centros entre titularidad pública y privada. Asimismo, la portavoz de Educación en Les Corts, ha explicado que con esta medida se “aprovecharían los recursos y infraestructuras disponibles en la Comunitat Valenciana”, ya que el 70% de los centros pertenecen a la red privada o local (922) y conseguir escuelas infantiles públicas para todos “de calidad” podría tardar casi veinte años. Actualmente hay solo 42 centros públicos de educación infantil.
Recortes en gasto políticos
Para hacer efectiva esta propuesta el Partido Popular ha planteado ahorrar alrededor de 270 millones a costa de una reorganización del presupuesto y de reducir el número de asesores, directores generales y consellerias (máximo habrán 10) que tiene actualmente el gobierno del Botànic. “En el presupuesto de 2022 hay una dotación de 68 millones por lo que la necesidad presupuestaria para la gratuidad universal ascendería a 204,85 millones que se obtendrían de reducir costes” ha explicado el portavoz de Hacienda del PP.
Concretamente proponen medidas como devolver a la Conselleria de Participación y Transparencia el rango de dirección general, lo que ahorraría a las arcas públicas 31,38 millones de euros; o la reordenación de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y su conversión a dirección general, con 121,6 millones de ahorro.
Además de reducir de 10 a 7 las direcciones generales de Presidencia, con 3,3 millones de ahorro; reducir las entidades de reciente creación sector público, con 3 millones; pasar de 4 direcciones generales a 1 en la Conselleria de Innovación e Universidades; o controlar y reordenar el gasto público, con 75 millones de euros. En total esto permitirá ahorrar 240 millones de euros a las arcas públicas valencianas y la eliminación de 41 cargos públicos.
Por otra parte, Mazón ha detallado que con el excedente de ahorro, unos 35 millones de euros, se destinará a becas comedor para los niños y niñas de 0 a 3 años, especialmente para aquellas familias con los sueldos más bajos o más vulnerables. Estas becas ya no serían universales y dependerían de la renta de cada familia.
