Mazón tilda el recurso del trasvase de Generalitat de ‘teatrillo’ que hará perder ‘2.400 puestos de trabajo’

Considera que ha presentado una medida cautelar parcial y anuncia que la Diputación presenta este martes su demanda que pide parar cualquier recorte de agua

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado que mañana martes 4 de abril la institución provincial presentará su recurso al Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que regula el Plan Hidrológico del Tajo y que prevé el recorte de agua de riego para el campo de Elche y la Vega Baja del Segura.

Un recurso que se presenta después de estudiar el interpuesto por el Consell el pasado 22 de marzo y que se enfocaba según anunció el el president Ximo Puig hacia aquellos “aspectos lesivos a los intereses de la Comunitat Valenciana” y, concretamente, se enfoca en la disposición adicional novena sobre el futuro incremento escalonado de las caudales ecológicos que contempla el Plan Hidrológico del Tajo.

Según ha explicado el presidente provincial, el recurso contencioso-administrativo presentado por la Generalitat es parcial y no se dirige a paralizar los recortes de agua más inmediatos. Ha calificado el paso dado por el Govern como “teatrillo permanente” y “una rendición fruto del entreguismo ya más absoluto a Sánchez”. “Si no se toma una medida cautelar de suspensión hasta la resolución definitiva del proceso es lo que nosotros llamamos el engaño y lo que para nosotros es una traición es decir que se presenta una medida cautelar pero no frente al daño inminente”.

Daños que Carlos Mazón ha cifrado en 84,9 millones euros para la provincia y destrucción “inevitable” de 2.400 puestos trabajos en todos los sectores, además de deslocalización de empresas y pérdida de mercados. Esto, según los expertos consultados por la Diputación, ya con el primer recorte previsto de 7 hectómetros cúbicos de agua trasvasada.

Para Mazón estos daños ocasionados por el recorte del trasvase son de “bomba de rácimo” y no podrán compensarse con subvenciones. “El anuncio del Gobierno de aumentar las infraestructuras y la capacidad de las desaladoras conlleva años de tramitación administrativa, ya será tarde. Destrucción de suelos, avance de la desertificación, pérdida de masa arbórea y disminución de caudales circulantes en el río Segura son consecuencias inevitables de no interponer y de no proponer las medidas cautelares”.

La Diputación presentará este martes su recurso contencioso-admiistrativo al Tribunal Supremo tras haber coordinado una argumentación con Región de Murcia y Almería, explica. “Solicitamos la medida cautelar de suspensión del aumento del caudal de reserva ya en su primer incremento a 7 metros cúbicos por segundo por los daños irreparables e inmediatos sobre la economía, el tejido social y el Medio Ambiente de la provincia de Alicante. El recurso de la Generalitat ha decidido aceptar este primer recorte”, apostilla el dirigente provincial.

La demanda y la solicitud de medidas cautelares están sustentadas, principalmente en cuatro informes. El informe hidrológico de Francisco Flores Montoya, ex director de planificación del Plan Hidrológico del Tajo. Un informe económico de Joaquín Melgarejo, director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y de Alberto Villar, de la Universidad de Alcalá de Henares. Un informe medioambiental de Jorge Navarro Pedreño, de la Universidad Miguel Hernández, y también se han seguido los criterios de la Comisión Mixta que se constituyó entre Murcia y Alicante y que dirige Francisco Cabexas para coordinar la defensa jurídica, ha enumerado Mazón.

En esta solicitud de medida cautelar los servicios jurídicos de la Diputación argumentan, asimismo la falta de justificación técnica que avale la decisión de aumentar los caudales” ecológicos para el río Tajo. “No se ha presentado ningún estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica que pruebe que el incremento de un metro cúbico por segundo en el tramo de Bolarque hasta la confluencia con el Jarama ni los consiguientes incrementos vayan a suponer la más mínima mejora sobre la calidad del agua o el medioambiente de la cuenca cedente mientras que los perjuicios en la cuenca del Segura son extremadamente graves”.

Para Mazón el rechazo del presidente de la Generalitat Ximo Puig a la oferta de la Diputación de coordinar la defensa jurídica puede lanzar un mensaje contradictorio al Tribunal Supremo y “condicionar gravemente y negativamente la decisión” del mismo al haber presentado la medida cautelar parcial. “Porque la Generalitat avala con sus recursos la primera subida del caudal y solo solicita la suspensión para un incremento que debe entrar en vigor en 2026”.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Andrés Molina, que ha acompañado a Carlos Mazón, en rueda de prensa ha valorado también la presentación de la medida cautelar parcial por parte del Consell y lo que a su juicio, puede ocurrir en el caso de que la desestimen los jueces.

“En la práctica procesal una vez se resuelve una medida cautelar en un sentido desestimatorio, pues es muy difícil que el Tribunal en los recursos sucesivos, pues se estime la medida cautelar por tanto eso puede ser uno de los principales problemas, que tengamos, y que al haber enfocado la Generalitat de manera parcial la medida cautelar, y al menos por la información que tenemos no de una manera suficientemente fundada en dictamenes e informes técnicos, pues que eso pueda de alguna manera prejuzgar sí se desestimara, al resto de entidades cautelares.