La ocupación

Artículo de opinión del senador por València Fernando de Rosa.

AVL

El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas presenta dos dimensiones. Por un lado, la que produce por mafias organizadas, que ocasionan problemas de convivencia y focos de delincuencia y el caso de personas necesitadas, a las que hay que ayudar con apoyo social y empleo. En ambos casos hay que garantizar el derecho a la propiedad privada y dar seguridad a los ciudadanos, pues más de 40 viviendas son ocupadas en nuestro país cada día.

La ocupación ilegal de viviendas ha crecido un 58% en los últimos cinco años. Atendiendo a datos del Ministerio del Interior, solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se registraron 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior.

¿Qué hacen mientras tanto, Sánchez e Iglesias ante esto?

El Gobierno socialcomunista ha modificado por sorpresa la Ley antidesahucios que aprobó hace apenas un mes y medio a través del Real Decreto Ley 37/2020, amparando ahora a los okupas que incurran en un delito. Esta reforma evidencia que la izquierda está más cómoda respaldando a los okupas, en vez de proteger efectivamente derechos de las personas como el de propiedad. Es una indecencia que Pablo Iglesias, Vicepresidente del Gobierno, niegue que la okupación sea un problema. Eso es desconocer por completo la realidad de muchos españoles y negar una evidencia.

La ocupación es un problema de las clases medias, trabajadoras y humildes, que quieren que los políticos, la policía y los jueces les garanticen su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda. Igual que no se puede robar un coche, no se pude ocupar una vivienda.

Hay que evitar que el ocupante ilegal de una vivienda goce de la protección como domicilio, como si fuera su legítimo propietario, frente a la actuación de la autoridad pública. A su vez, se tiene que establecer un plazo máximo de desalojo voluntario de un inmueble por parte de quien realiza una ocupación ilegal de 12 a 24 horas desde que ha sido requerido para su desocupación por la autoridad pública o sus agentes. No se tienen que permitir los empadronamientos de personas que hayan ocupado de forma ilegal y, de haberse realizado, se considere nulo y no constituya prueba de su domicilio ni atribuya ningún derecho.

Se tienen que aumentar las penas del código penal relativas al allanamiento de morada y la usurpación (recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de uno a tres años de prisión penas de 3 años de cárcel para los ocupas).

También es clave que, tanto las comunidades de propietarios, como las personas jurídicas, puedan adoptar medidas legales y actuar ante los tribunales e impulsar estos desalojos.

Solamente con firmeza se puede combatir este problema. La sociedad requiere que sus gobernantes protejan sus derechos, se persigan las mafias de la ocupación ilegal, y se adopten planes integrales para dar solución a las personas necesitadas de ayuda social. Proteger a los okupas, es pervertir el Estado Social y de Derecho.

- Advertisement -